El crimen organizado en México ya no es un fenómeno invisible ni subterráneo. De acuerdo con el más reciente informe de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), el país está dividido como un tablero de guerra entre organizaciones criminales que disputan rutas, plazas, puertos y fronteras.
El documento, titulado Evaluación Nacional de Amenaza de Drogas 2025, fue presentado esta semana y contiene uno de los diagnósticos más precisos hasta ahora sobre el alcance de los cárteles mexicanos. Como parte del reporte, la DEA hizo públicos mapas que muestran con claridad cómo las principales facciones del narcotráfico —encabezadas por el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)— se reparten el territorio nacional.
Según el informe, ambos grupos son considerados por Estados Unidos como organizaciones terroristas trasnacionales, no sólo por su capacidad logística sino por los niveles de violencia y control social que ejercen en múltiples regiones del país.
Cárteles con presencia nacional
El Cártel de Sinaloa, fundado por Joaquín “El Chapo” Guzmán y ahora bajo distintos liderazgos, mantiene presencia operativa en 31 de las 32 entidades mexicanas, con excepción de Jalisco. Su dominio se extiende con fuerza en el noroeste: Sinaloa, Sonora, Baja California, Chihuahua y Durango, así como en zonas estratégicas del centro y sureste como Ciudad de México, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo y Tabasco.
Por otro lado, el CJNG, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, no sólo está presente en casi toda la República Mexicana, sino que opera en más de 40 países, de acuerdo con la DEA.
Otros actores en la lucha territorial
Detrás de los grandes nombres del narcotráfico —como el Cártel de Sinaloa o el CJNG— hay una segunda línea de grupos criminales que también han tejido su red de violencia, miedo y control en regiones específicas del país. Son facciones menos conocidas, pero igual de implacables, que han aprendido a moverse entre los vacíos de poder local, aprovechando la geografía, la corrupción y el abandono institucional.
Uno de ellos es el Cártel del Noreste, un grupo derivado de los extintos Zetas que ha mutado con los años, pero conserva su brutalidad. Según la DEA, esta organización controla tramos clave del noreste mexicano, con presencia firme en Tamaulipas, Nuevo León y Zacatecas, así como en partes de la Ciudad de México. No sólo trafican droga: extorsionan a migrantes, cobran por cruzar caminos, por existir, por no morir.
En el centro del país, La Familia Michoacana continúa activa, aunque ha perdido visibilidad nacional. Fundada en los años más crudos de la guerra contra el narco, hoy mantiene un dominio persistente en Guerrero, Michoacán, Morelos y el Estado de México. Pero no está sola. En la misma región operan La Nueva Familia Michoacana y los llamados Cárteles Unidos, una red de alianzas locales que busca impedir que el CJNG se expanda aún más.
Estas organizaciones no sólo controlan comunidades enteras, sino que manejan zonas estratégicas para la importación de drogas, como el Puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán. Ahí, el fentanilo que llega desde China y la cocaína procedente de Colombia encuentran entrada segura hacia el corazón del país, sin importar la vigilancia ni las promesas de erradicación.
El mapa también expone una realidad poco visible: la fragmentación del Cártel del Golfo, que ahora está dividido en dos facciones rivales: Los Metros y Los Escorpiones. Ambas se disputan calle por calle, ruta por ruta, en Tamaulipas, Nuevo León, Tabasco y algunas zonas de la CDMX. Y como si fuera poco, hay indicios de alianzas cruzadas: Los Metros —según el informe— colaboran con el CJNG, pero a la vez reciben protección de “Los Mayos”, ligados al Cártel de Sinaloa. Lealtades dobles, intereses compartidos, traiciones inevitables.
El diagnóstico de la DEA no es sólo un registro técnico. Es un retrato del país fragmentado por los intereses de grupos armados, donde la frontera entre crimen organizado y estructura social cada vez se diluye más. En muchos pueblos, los jefes del narco son los que ponen las reglas, los que deciden quién vive o quién se va, quién puede vender gasolina, quién puede abrir una tienda, quién tiene derecho a seguir respirando.
