El Departamento del Tesoro de Estados Unidos extendió el plazo para la aplicación de sanciones que prohiben ciertas transferencias de fondos a los bancos mexicanos: CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa recientemente señalados de haber permitido operaciones financieras relacionadas con el tráfico de fentanilo.
El 25 de junio del presente año las autoridades norteamericanas dieron a conocer que estos tres bancos mexicanos: habría actos de lavado de dinero que se utilizaría para el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, principalmente el peligroso fentanilo.
Esta es la segunda ocasión que el Tesoro de los Estados Unidos aplaza la entrada en vigor de dichas sanciones en contra de las empresas.
El pasado 9 de julio, las autoridades del país vecino del norte, aplazó hasta el 4 de septiembre la entrada en vigor de las medidas cautelares.
Ahora, a unos días de que termine el plazo, el Tesoro estadounidense volvió a dar un respiro a estos bancos hasta el 20 de octubre para prohibir transferencias financieras con CIBanco, Intercam y Vector.
“Hoy, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, extendió las fechas de entrada en vigor de las órdenes emitidas el 25 de junio de 2025, que prohíben ciertas transferencias de fondos que involucran a tres instituciones financieras con sede en México”, detalló el Tesoro de los Estados Unidos en un comunicado.
De esta forma el Gobierno de los Estados Unidos da un aire de respiro a estas empresas que deberán entregar un análisis profundo de respuesta para evitar las medidas.
“Las instituciones financieras cubiertas tendrán ahora hasta el 20 de octubre de 2025 para implementar las órdenes que prohíben ciertas transferencias de fondos que involucran a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, cada una de las cuales FinCEN encontró de principal preocupación de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides”, dice el Tesoro.
El Departamento del Tesoro detalló que dicha prórroga, refleja las medidas continuas adoptadas por el Gobierno de México, para abordar las preocupaciones planteadas en las órdenes de la FinCEN, incluyendo el mantenimiento de la administración temporal de las instituciones afectadas, para promover el cumplimiento normativo y la prevención del financiamiento ilícito.
