2 mil dólares por delatar a un agente… 5 mil por un ataque no letal… y 50 mil por su cabeza.
Así de cruda y brutal es la apuesta que los cárteles mexicanos hacen a sus integrantes para eliminar a los funcionarios encargados de ejecutar las leyes migratorias en territorio norteamericano, según datos del propio Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
En una audaz escalada, las organizaciones criminales habrían implementado un sistema escalonado de recompensas para alentar la violencia… desde la vigilancia y el llamado “doxxing”, hasta ejecuciones consumadas… siempre contra agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
El informe del Departamento de Seguridad describe un esquema tan calculado como perturbador: un catálogo de precios por vidas humanas, dividido por niveles de jerarquía y riesgo.
La instrucción, dicen, es simple: vigila, secuestra o mata. Cada acción tiene su tarifa, y cada ejecución, su pago.
El documento fue difundido desde la sede de la dependencia con un mensaje directo:
“Existe inteligencia creíble que confirma que organizaciones criminales mexicanas, en coordinación con grupos extremistas dentro de Estados Unidos, han puesto recompensas sobre los agentes federales… Las alertas se dispararon principalmente en Chicago, donde los servicios migratorios han incrementado sus redadas en las últimas semanas.”
Los tres niveles de incentivos de este programa criminal contemplan:
— 2 mil dólares por tareas de vigilancia, recopilación de información o difusión de datos personales de agentes… casi 37 mil pesos mexicanos.
— Entre 5 y 10 mil dólares por secuestros o ataques no letales… es decir, entre 90 mil y 180 mil pesos
— Y hasta 50 mil dólares por el asesinato de mandos superiores del ICE o la CBP… equivalente a casi un millón de pesos mexicanos.
El diseño económico detrás de este sistema revela algo más que violencia: una estrategia para desarticular la cadena de mando migratoria mediante el miedo y la presión psicológica.
En palabras del propio Departamento de Seguridad:
“Es una campaña organizada de terror contra los servidores federales.”
Atentados que ya habían sido adelantados por la subsecretaria de Asuntos Públicos del DHS, Tricia McLaughlin, el pasado 6 de octubre, en entrevista con la cadena Fox News.
Días después, el 10 de julio, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó que los ataques contra elementos del CBP y el ICE habían aumentado drásticamente.
Sin embargo, no fue sino hasta el 14 de octubre cuando la autoridad estadounidense atribuyó directamente la autoría de estos actos a organizaciones criminales mexicanas.
Fue a través de un comunicado publicado en su página oficial y replicado en redes sociales, donde la dependencia precisó que los oficiales enfrentan un aumento de más del mil por ciento en las agresiones perpetradas en su contra.
Detrás de la alerta hay un patrón.
Las operaciones de los cárteles ya no se limitan a la frontera sur; se han infiltrado en el tejido urbano de Estados Unidos con ayuda de pandillas locales y grupos extremistas, especialmente en ciudades como Chicago y Portland, donde la alianza entre el crimen transnacional y el descontento interno ha encontrado terreno fértil.
Las investigaciones señalan que pandillas como los Latin Kings funcionan como ojos y oídos de los cárteles. En barrios como Pilsen y La Villita, se han detectado halcones apostados en azoteas, armados y equipados con radios para seguir los movimientos de los agentes federales. En cuestión de segundos, una patrulla del ICE puede ser ubicada, fotografiada y rastreada.
El flujo de información es inmediato: coordenadas, placas, horarios, domicilios, fotografías y datos personales. Cada dato tiene un valor. Cada registro, un precio.
El mismo informe sugiere que grupos radicales locales habrían aportado logística, material de protesta y cobertura a individuos relacionados con el narcotráfico.
Y aunque no existe evidencia pública de una estructura conjunta, la narrativa oficial apunta hacia un fenómeno híbrido: delincuencia transnacional combinada con activismo interno, un frente doble que complica las labores de seguridad nacional.
El Departamento de Seguridad Nacional afirma también que, en los últimos meses, los mandos del ICE han recibido amenazas directas: correos anónimos, fotografías filtradas, drones sobrevolando viviendas. Por ello, las medidas de vigilancia se han endurecido. Se han cambiado domicilios, modificado protocolos de traslado y rotado al personal operativo. Aun así, los agentes aseguran que el miedo ya forma parte del uniforme.
La respuesta a los señalamientos llegó desde Palacio Nacional, donde la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno no tiene información oficial sobre presuntos grupos criminales mexicanos involucrados en los ataques. Dijo haber consultado directamente con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien confirmó que no existe registro ni comunicación formal del gobierno estadounidense hacia México sobre este tema.
Sheinbaum subrayó también que no hay indicios dentro del territorio nacional de células mexicanas dedicadas a planear agresiones contra agentes estadounidenses. Dijo que esperará la notificación formal para indagar y, en su caso, iniciar las investigaciones correspondientes.
El silencio entre ambos gobiernos refleja la incomodidad de una acusación sin precedentes: el señalamiento directo de que cárteles mexicanos podrían estar actuando dentro de Estados Unidos, comprando colaboraciones, infiltrando barrios y extendiendo su poder más allá de la frontera.
Una acusación que plantea un doble desafío para la administración de Donald Trump: En el plano interno, debe blindar la seguridad de miles de funcionarios federales dispersos por todo el país y en el plano externo, decidir hasta dónde puede presionar a México sin fracturar la cooperación bilateral.
Mientras tanto, los agentes del ICE y la CBP siguen trabajando bajo un riesgo que crece cada día… con la certeza de que, en algún rincón del país, alguien ya puso precio a su vida.
