
Ha pasado un año desde que el legendario narcotraficante Ismael Mario Zambada García, alias “El Mayo”, fue presuntamente secuestrado, sacado de México y entregado a Estados Unidos sin orden de extradición, sin proceso judicial público y sin autorización del Gobierno Federal.
En un país donde el Estado parece doblarse ante el poder del crimen organizado, el caso se ha convertido en una vergüenza nacional. A doce meses del episodio que cambió el mapa criminal, ni el expresidente Andrés Manuel López Obrador ni la actual mandataria, Claudia Sheinbaum, han logrado obtener del gobierno estadounidense una explicación oficial, mientras Sinaloa arde en violencia.
Ocurrió el 25 de julio de 2024. Una avioneta blanca descendió sobre la pista del aeropuerto rural de Santa Teresa, en Nuevo México. De ahí bajaron dos hombres: Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, y, supuestamente maniatado, Ismael “El Mayo” Zambada, el hombre más buscado de México durante cinco décadas.
Llegaron en un avión Beechcraft King Air. Nadie disparó, nadie opuso resistencia. La información surgía lentamente, mientras medios estadounidenses confirmaban que el líder de una facción del Cártel de Sinaloa ya estaba bajo custodia de las autoridades norteamericanas.
Las versiones indicaron que Guzmán López se entregó de forma voluntaria. En cambio, lo ocurrido con Zambada era confuso, lleno de contradicciones.
Horas después, el presidente López Obrador se vio obligado a confirmar lo que ya se sospechaba: México no fue parte de la operación y ningún integrante del gabinete de seguridad estaba al tanto. Ni la Secretaría de Seguridad, ni la FGR, ni el Ejército, ni la Marina.
La aeronave, con dos objetivos de alto valor, despegó desde el rancho Huertos del Pedregal, en Culiacán, Sinaloa, cruzó el espacio aéreo nacional y aterrizó en Estados Unidos sin permiso, sin registro, sin colaboración... y sin que nadie lo impidiera. En Palacio Nacional, la incredulidad se mezclaba con el desconcierto.
Una vez bajo custodia, Zambada fue presentado ante un juez en El Paso. Le leyeron los cargos y fue trasladado a una prisión federal. El primer intento por esclarecer lo sucedido llegó en forma de carta escrita por el propio Zambada, dirigida a su familia y al gobierno mexicano. En ella afirmaba haber sido víctima de una emboscada organizada por su ahijado, Joaquín Guzmán López, quien lo habría citado bajo el pretexto de una reunión con el gobernador Rubén Rocha Moya y el exalcalde de Culiacán, Héctor Melesio Cuén.
El documento, firmado y autenticado por su abogado Frank Pérez, narraba que fue golpeado, atado, encapuchado y subido a una camioneta antes de ser entregado. También afirmaba que Melesio Cuén fue asesinado ese mismo día.
La Fiscalía estatal de Sinaloa, en lugar de investigar, difundió una versión falsa sobre su muerte. Alegó que el homicidio ocurrió en una gasolinera. Difundieron imágenes supuestamente captadas por una cámara de seguridad que mostraban una camioneta y a un hombre acercándose al vehículo. Sin embargo, el video no muestra ninguna detonación y un despachador de gasolina camina en la escena con normalidad.
El montaje provocó la renuncia de Sara Bruna Quiñónez, fiscal del estado en ese momento. El cuerpo de Cuén fue incinerado rápidamente, lo que generó más sospechas de encubrimiento. La carta del Mayo también mencionaba a José Rosario Heras, comandante de la policía judicial de Sinaloa y parte de su escolta, quien permanece desaparecido hasta hoy.
Mientras México caía en contradicciones, Zambada fue trasladado a Nueva York. Se le acusó de 17 delitos ante el juez Brian Cogan, el mismo que condenó a El Chapo Guzmán a cadena perpetua.
Desde entonces, su defensa ha buscado un acuerdo de culpabilidad para evitar la pena de muerte. Las audiencias se han pospuesto en varias ocasiones y la sentencia fue reprogramada para el 25 de agosto.
El juicio se ha tornado caótico por un posible conflicto de interés, ya que el abogado de Zambada también representa a su hijo Vicente Zambada Niebla, alias “El Vicentillo”, quien podría testificar en su contra. A pesar de ello, el juez ha permitido que continúe. El expediente de Zambada es mucho más que una causa penal: es el espejo del narcotráfico en México.
La trayectoria de Zambada comenzó en los años setenta, bajo la tutela de figuras como Caro Quintero, Ernesto Fonseca y Miguel Ángel Félix Gallardo. Fue parte de la primera generación de capos y cárteles: los Beltrán Leyva, los Carrillo Fuentes, los Arellano Félix. Pero solo él sobrevivió a todos. Nunca había pisado una cárcel, hasta ahora.
El 9 de septiembre de 2024, estalló la guerra interna del Cártel de Sinaloa. La traición provocó una fractura entre “La Chapiza”, liderada por los hijos de El Chapo, y “La Mayiza”, los leales a Zambada.
Culiacán se convirtió en el epicentro del caos: bloqueos carreteros, cuerpos colgados, narcomantas, desmembramientos, incendios y desapariciones. La violencia ha alcanzado a familias inocentes y niños, provocando además el desplazamiento forzado de cientos de personas.
En paralelo, la Fiscalía General de la República intentó establecer una versión oficial. El 29 de julio de 2024 abrió una carpeta de investigación. Sin embargo, a un año de los hechos, cada documento, cada declaración, cada intento por reconstruir la historia, se ha convertido en una mezcla de omisiones, mentiras y encubrimientos.
La FGR ha enviado cuatro solicitudes de repatriación, todas ignoradas. Las tres órdenes de aprehensión vigentes en México siguen sin cumplirse.
El gobierno de Estados Unidos, por su parte, ha evitado confirmar si hubo o no una operación extraterritorial. El embajador Ken Salazar declaró que Guzmán López se entregó voluntariamente. También reconoció que Zambada fue “trasladado” contra su voluntad, pero negó que la DEA o el FBI hayan operado en territorio mexicano. No explicó, sin embargo, cómo ambos hombres aparecieron juntos en suelo estadounidense.
Ismael Zambada representa al último gran capo de la vieja escuela. Su captura, real o pactada, marca el fin de una era y el desmoronamiento del histórico Cártel del Pacífico. A un año de su caída, el gobierno mexicano sigue sin respuestas claras. Y mientras eso ocurre, Sinaloa permanece en llamas.