La fuga de un peligroso criminal recluido en el penal de Hermosillo, Sonora, ha dejado expuesta la precaria vigilancia y autoridad que tiene la Secretaría de Seguridad sobre los reclusorios. Y es que, al igual que otros delincuentes, Saúl Francisco Hernández, alias “El Ponchis”, se burló de la justicia mexicana planeando y ejecutando con éxito su escape.
Su ausencia en el pase de lista del lunes 5 de mayo encendió todas las alertas del penal, movilizando a custodios y policías que, por más que se esforzaron, no lograron encontrarlo por una sencilla razón: evadió a las autoridades y obtuvo su libertad de manera ilegal.
Considerado uno de los principales generadores de violencia en Sonora e identificado como jefe de plaza del grupo criminal “Los Salazar”, brazo armado del Cártel de Sinaloa, y líder de “Los Fantasmas” o “Los Cazadores” —vinculados a secuestros, emboscadas y múltiples asesinatos en los municipios de Magdalena, Tubutama, Altar, Santa Ana y Sáric—, este hombre apenas había sido encarcelado el 26 de marzo tras su captura un día antes durante un operativo desplegado en Hermosillo, en el que participaron fuerzas estatales y federales.
Llevaba apenas 39 días tras las rejas, acusado de homicidio calificado, asociación delictuosa y posesión de metanfetaminas con fines de venta, cuando, sin más, logró escapar.
Y como si eso no fuera suficiente, en los corredores del penal y en el gabinete reina el silencio. Nadie se explica cómo un objetivo prioritario pudo simplemente desaparecer del Centro de Reinserción Social número 1 en Hermosillo. No hubo motín. No hubo cortes de luz. Tampoco armas ni violencia. Solo una puerta abierta.
En consecuencia, cuatro funcionarios penitenciarios quedaron bajo arresto por su presunta complicidad en la fuga de “El Ponchis”. Se les acusa de evasión de presos agravada, asociación delictuosa agravada, abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal.
Asimismo, el Secretario de Seguridad Pública de Sonora, Víctor Hugo Enríquez García, quien apenas llevaba un año y tres meses en el cargo, se vio obligado a renunciar por su falta de acción. En su lugar quedó Braulio Martínez Navarrete, exoficial naval y secretario particular del gobernador Alfonso Durazo, quien ahora acepta la misión de recomponer tanto el sistema penitenciario en Sonora como la seguridad en la zona.
