El Partido Acción Nacional (PAN) presentó este miércoles una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Washington, en la que acusa al Gobierno de México de cometer “violaciones a los derechos humanos”, represión, brutalidad policiaca y arrestos arbitrarios” durante la marcha convocada por la Generación Z el 15 de noviembre en la Ciudad de México.
En su petición, los legisladores panistas solicitaron tres medidas clave: que la CIDH celebre una audiencia temática en su próxima periodo de sesiones para revisar los hechos; que el Estado mexicano autorice una visita en el lugar par investigar lo ocurrido; y que se instale un mecanismo internacional permanente de seguimiento sobre libertad de expresión y derecho a manifestación en el país.
Durante su comparecencia ante la CIDH, integrantes del PAN entre los diputados Jorge Triana Tena, Roberto Gil Zuarth y los demás miembros de la comitiva presentation un dossier con testimonios, videos y fotografías que, aseguran, evidencian uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, agresiones a manifestantes y periodistas, así como omisión del Estado para proteger los derechos fundamentales de quienes acudieron a protestar.
“En un país democrático no se puede silenciar la libertad de expresión a balazos con toletazos o mediante carpetas de investigación fabricadas contra jóvenes que ejercieron su derecho constitucional a manifestarse”, señaló Gil Zuarth al término de la audiencia.
Por su parte, desde el gobierno federal y el partido gobernante Morena calificaron la denuncia como un acto de “intervencionismo” y una maniobra de desprestigio. En conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó “¿qué opinan ustedes de una dirigente de un legislador, de un partido de oposición que casi no tiene ya apoyo popular en México y que se va al extrangero (...) a denunciar al Gobierno mexicano?”, argumentando que toda la violencia deberá ser investigada en territorio nacional.
La dirigencia de Morena, encabezada por Luisa María Alcalde Luján, respaldó esa postura. A través de redes sociales, acusó al PAN de “arrodillarse” ante el extranjero” y de presentar acusaciones sin pruebas, describiendo la acción como un intento de “entreguismo” a organismo internacionales.
Ante estas críticas, los panistas respondieron que su recurso no pretende intervenir en la soberanía nacional, sino buscar justicia y reparación ante lo que consideran un fracaso de las instituciones nacionales, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), acusada por el PAN de funcionar como “refugio de chambas para morenistas”.
La marcha de la Generación Z, convocada con consignas de inconformidad social y juvenil, reunió oficialmente alrededor de 17 mil personas. Si bien al inicio se desarrolló de forma pacífica, derivó en disturbios al llegar al Zócalo: se reportaron confrontaciones con la policía, daños al mobiliario urbano y enfrentamientos con grupos que algunos análisis calificaron como “bloque violento”.
El PAN advierte que, más allá de episodios aislados, la actuación gubernamental durante esta marcha constituye en episodio grave de erosión a las libertades públicas, y exige que la CIDH actúe con prontitud para garantizar que no se repitan prácticas coercitivas que, en su opinión, amenazan el derecho a la protesta, la libertad de expresión y la integridad de los ciudadanos.
