El Poder Judicial de México luego de las elecciones judiciales de junio pasado, sigue estando en medio de las críticas por el actuar de los nuevos importadores de justicia y tal es el caso de una funcionaria y juzgadora de Tamaulipas.
La jueza de Control Mónica Iliana Chapa impuso una multa de un millón 390 mil 400 pesos a una abogada que, durante una audiencia, cuestionó la forma en que la juzgadora conducía el procedimiento.
El caso ha levantado preocupación entre litigantes, colegios de abogados y especialistas en debido proceso, que advierten un uso excesivo del poder judicial para silenciar críticas técnicas dentro del juicio.
Esta sanción ya fue confirmada por el Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, pues resulta que la representante legal de la que no se sabe el nombre, cuestionó en una etapa de desahogo que no se estaba siguiendo el protocolo.
Ese señalamiento realizado durante la etapa intermedia, fase clave para definir pruebas que serán usadas en juicio oral. La defensora, cuyo nombre no fue revelado, señaló ante la jueza que no se estaba siguiendo el procedimiento correcto y pidió incluso que la juzgadora se declarara incompetente por falta de técnica procesal.
Pero más que atender la inconformidad, la jueza determinó imponer una multa calculada en cinco mil veces el valor diario del salario mínimo, una figura que, de acuerdo con el Colegio de Abogados, dejó de aplicarse hace años para sanciones de este tipo. Pese a ello, la juzgadora giró oficio a la Dirección de Recaudación de la Secretaría de Finanzas estatal para hacer exigible el cobro.
La abogada afectada argumentó que en una audiencia previa se vulneró directamente el debido proceso debido a errores técnicos de la jueza. Señaló que no se individualizó correctamente a las partes, violando el principio de inmediación, además de desconocer el desarrollo propio de la audiencia en etapa intermedia.
El caso ha generado alerta entre litigantes que consideran que sanciones de este tamaño envían un mensaje intimidatorio a quienes, en el ejercicio de su función, deben cuestionar y señalar irregularidades dentro del proceso penal. Para especialistas, la reacción de la juzgadora abre un debate urgente sobre la capacitación, la independencia judicial y el uso discrecional de herramientas punitivas dentro de los tribunales.
Mientras el expediente continúa su revisión dentro del Poder Judicial, la comunidad jurídica de Tamaulipas exige transparencia y supervisión. La multa, considerada desproporcionada, revive el debate sobre arbitrariedades en juzgados locales y los límites del poder judicial para sancionar a los defensores que exigen estricto apego a la legalidad.
