Ciudad de México. Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, exdiputado del PRI, denunció graves omisiones médicas, violaciones al debido proceso y la negativa reiterada de un cambio de medida cautelar, a través de una carta enviada al programa Por la Mañana, en la que relata el deterioro de su salud tras permanecer más de cuatro años en prisión preventiva.
En el documento, Gutiérrez de la Torre asegura que fue informado tardíamente de que padecía un tumor cancerígeno de más de 23 centímetros, el cual ya había encapsulado por completo su riñón. Según su testimonio, el padecimiento avanzó durante meses sin una atención médica adecuada dentro del sistema penitenciario.
Relata que desde mayo de 2023 comenzó a presentar sangrado constante al orinar; sin embargo, médicos del propio centro penitenciario, sin especialidad en urología, atribuyeron erróneamente los síntomas a piedras en el riñón. Durante varios meses fue medicado sin que el sangrado cesara, lo que derivó en la colocación de una sonda Foley por más de cuatro meses.
Ante el agravamiento de su estado de salud, fue trasladado al Hospital General Balbuena, donde asegura únicamente fue retenido por horas sin recibir atención, para finalmente informarle que no contaban con el equipo necesario para realizar un lavado de uretra y retirar los coágulos acumulados.
En la carta, el exlegislador también acusa que, pese a haber solicitado en al menos cinco ocasiones el cambio de medida cautelar por prisión domiciliaria u otra alternativa, estas le han sido negadas de manera arbitraria por el juzgado interino a cargo de Freddy Aparicio Perales.
Sostiene que su caso fue “armado políticamente” por la entonces Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y subraya que, a más de seis años de distancia de los hechos y de las promesas públicas hechas por la exfiscal Ernestina Godoy, no existe un solo funcionario investigado o procesado por presuntas irregularidades en su caso.
Gutiérrez de la Torre fue detenido en diciembre de 2021 tras ser acusado de trata de personas en la modalidad de explotación sexual agravada, delitos por los que enfrenta prisión preventiva justificada y continúa su proceso legal sin sentencia firme. El juez ha mantenido la prisión preventiva argumentando, entre otros motivos, riesgos procesales como peligro de fuga, postura que ha sido reiterada también en resoluciones judiciales previas.
El exdiputado concluye su carta señalando que su situación jurídica y médica refleja una prolongación indebida de la prisión preventiva, así como una vulneración a su derecho a la salud y a un proceso judicial justo.
