Irma Hernández Cruz, de 62 años, fue privada de su libertad tras negarse a pagar “derecho de piso” al grupo criminal autodenominado Mafia Veracruzana, que opera en la zona norte del estado. Su caso se suma a una creciente lista de víctimas de extorsión en la entidad, una problemática que ha escalado en los últimos meses.
De acuerdo con familiares, la mujer se rehusó a entregar dinero al grupo delictivo, lo que derivó en su secuestro. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si ya fue localizada ni han emitido información oficial sobre el estado de la investigación.
El caso de Irma ocurre en un contexto de alarmante incremento de este delito en el país. Según el más reciente informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), correspondiente al periodo de enero a junio de 2025, en México se han registrado 5 mil 530 denuncias por extorsión. Veracruz ocupa el quinto lugar nacional, con 454 casos reportados en ese lapso.
Organizaciones civiles y defensores de derechos humanos han denunciado una falta de acción efectiva por parte de las autoridades estatales y federales ante este tipo de crímenes, que afectan tanto a pequeños comerciantes como a ciudadanos comunes.
La Mafia Veracruzana es uno de varios grupos criminales que se disputan el control de actividades ilícitas en el estado, entre ellas el cobro de cuotas a negocios, transporte y personas en comunidades vulnerables.
