La detención de una de las socias de la guardería ABC reaviva, dieciséis años después, una herida colectiva que no termina de cerrarse en Sonora. La noche del viernes, autoridades federales confirmaron que Sandra Lucía Téllez Nieves fue deportada desde Estados Unidos y entregada en la garita de Nogales a agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), que la remitieron de inmediato al Centro de Reinserción Social Femenil de Hermosillo, a disposición del juez que la condenó por el incendio mortal del 5 de junio de 2009.
La FGR informó que la detención se realizó en la Garita I — Puerta México Dennis DeConcini, en Nogales, y que la orden de aprehensión cumplimentada corresponde a los delitos de homicidio y lesiones culposas por los que Téllez Nieves recibió una sentencia en 2016. Pese a que aquella condena inicial fue de 28 años, 11 meses y 4 días, una cadena de recursos legales redujo su pena a cinco años y siete meses de prisión, según consta en el expediente.
El retorno forzado se produjo tras gestiones diplomáticas y judiciales: la mujer había solicitado asilo en Arizona, pero su petición fue rechazada; permaneció recluida en centros migratorios estadunidenses —entre ellos el de Eloy— y contra ella pesaba una ficha roja de Interpol desde 2022. La Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales de la FGR y la Secretaría de Relaciones Exteriores realizaron las gestiones que culminaron con su deportación controlada y la entrega a las autoridades mexicanas.
En México, la noticia provocó reacciones inmediatas entre los familiares de las víctimas. El colectivo Movimiento 5 de Junio, agrupación de padres y madres afectados por la tragedia, declaró que se enteró de la detención por medios de comunicación y reclamó que las autoridades no les notificaron formalmente. En un comunicado exigieron que el Estado “asegure que Sandra Lucía Téllez cumpla con su sentencia” y pidieron que no haya privilegios ni dilaciones en el proceso.
El expediente rememora un episodio de negligencia que dejó un saldo devastador: el incendio en la guardería, subrogada al Instituto Mexicano del Seguro Social, provocó la muerte de 49 niños y dejó 106 lesionados, muchos con quemaduras severas. Las investigaciones documentaron fallas en las medidas de protección civil, uso inadecuado de las instalaciones y la existencia de una bodega contigua que al incendiarse propagó el fuego hacia la estancia infantil.
Tras el siniestro, las familias impulsaron procesos judiciales que han durado años. De las 22 personas procesadas por distintos grados de responsabilidad, hasta fechas recientes solo 10 habían recibido sentencia definitiva, y varios acusados enfrentaron reducciones de pena o beneficios legales. El caso ha estado marcado por apelaciones, recursos de amparo y críticas a la actuación institucional, hasta convertirse en un emblema de las demandas por justicia frente a tragedias por negligencia.
La detención de Téllez Nieves vuelve a poner en foco la gestión del caso por parte de autoridades anteriores y actuales. Versiones difundidas en medios y por algunos familiares mencionaron un supuesto vínculo de parentesco entre la detenida y la senadora Lilly Téllez; la legisladora negó ser prima hermana y afirmó que, en su caso, la relación es lejana y que no conoce en persona a la acusada. En entrevistas, Lilly Téllez recordó además episodios de protesta para garantizar atención a las víctimas y criticó a exfuncionarios que, dijo, habrían protegido a los dueños de la guardería en otros periodos políticos.
En Hermosillo, la llegada de la detenida al penal femenino se registró con medidas de seguridad y bajo resguardo de la AIC. El ingreso quedó asentado en el expediente del centro carcelario y los fiscales locales anunciaron que en los próximos días se fijarán las audiencias necesarias para revisar formalmente el cumplimiento de la sentencia y los plazos procesales pendientes.
Afuera del penal, algunos padres y madres de los niños fallecidos acudieron con fotografías y veladoras; otros se limitaron a seguir los comunicados oficiales y a reclamar celeridad en las diligencias. “No es venganza, es justicia”, dijo una madre que perdió a su hija en 2009; “queremos que la gente responsable pague y que se reconozca el daño”, añadió.
Para el Estado y la Fiscalía, la operación —coordinada con socios internacionales— representa un éxito de cooperación judicial: la deportación controlada y la detención buscan evitar que sentenciados o procesados eludan la acción penal. Sin embargo, para las familias la medida solo es un paso más en una ruta que ha sido larga y, en ocasiones, frustrante por la sensación de impunidad parcial.
El caso ABC también reaviva preguntas sobre la rendición de cuentas política. Algunos familiares y actores públicos han señalado omisiones de exautoridades estatales y federales en la supervisión de centros subrogados y en la atención posterior a las víctimas. La senadora Lilly Téllez, en sus declaraciones, acusó a exfuncionarios estatales de haber defendido a los dueños y mencionó nombramientos recientes de consular y diplomáticos vinculados al periodo en que ocurrieron los hechos.
En el plano judicial, los próximos pasos son claros: la imputada será puesta a disposición del juez de la causa en Hermosillo, donde se verificarán los tiempos de cumplimiento de sentencia, posibles recursos pendientes y las condiciones de encarcelamiento. Los abogados de las víctimas han advertido que vigilarán el proceso para evitar atajos o beneficios que diluyan la ejecución de la pena.
