Stephany Carmona, una joven soldado de 19 años originaria de Ajalpan, Puebla, fue asesinada el pasado martes 14 de octubre dentro de las instalaciones del 51º Batallón de la Guardia Nacional, ubicado en Acapulco, Guerrero.
Según el informe pericial, el cuerpo de la joven fue hallado con dos impactos de bala en la cabeza, dentro del recinto militar donde prestaba servicio. El presunto responsable del crimen es el sargento segundo Yair Manuel Ramírez de la Cruz, quien se dio a la fuga tras el ataque. De acuerdo con reportes preliminares, las autoridades del batallón no impidieron su salida ni emitieron una alerta inmediata.
Días antes de ser asesinada, Stephany había denunciado acoso al interior de la unidad militar, según relataron sus familiares. Por ello, exigen que la investigación se realice con perspectiva de género y sin encubrimientos, al tiempo que solicitan justicia para que su muerte no quede impune.
El domingo siguiente al crimen, familiares, amigos y habitantes del municipio de Ajalpan marcharon en exigencia de justicia. La movilización fue encabezada por la madre de Stephany, quien cargaba una fotografía de su hija y clamó por el esclarecimiento del caso. A la protesta se sumaron colectivas feministas, así como ciudadanos indignados por el feminicidio dentro de un espacio militar.
“Mi hija pidió ayuda, y no la escucharon. Hoy no está, y queremos respuestas, queremos justicia”, declaró la madre de la joven ante medios locales.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han solicitado a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la Fiscalía General de Justicia Militar que colaboren con las autoridades civiles en la investigación del caso, y han subrayado la necesidad de proteger a mujeres dentro de las fuerzas armadas.
Hasta ahora, las autoridades federales no han emitido un posicionamiento oficial sobre el feminicidio ni sobre la localización del presunto agresor, lo que ha generado críticas por parte de la sociedad civil y especialistas en violencia de género.
La familia de Stephany Carmona insiste en que el caso no debe ser minimizado ni tratado como un hecho aislado, y exige una investigación transparente, sin privilegios para los elementos implicados.
