José Asunción Murguía Santiago, alcalde de Teuchitlán y militante del partido Movimiento Ciudadano, fue detenido este fin de semana por elementos de la Fiscalía General de la República. Está acusado de mantener presuntos nexos con el Rancho Izaguirre, propiedad que, según las investigaciones, pertenecía al Cártel Jalisco Nueva Generación.
Tras desplegar el operativo para capturarlo el sábado, el domingo se realizó la audiencia inicial, donde un juez federal le dictó prisión preventiva oficiosa por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada de personas. Durante la audiencia, la Fiscalía General de la República presentó testimonios y evidencias que lo vinculan directamente con el Cártel Jalisco.
De acuerdo con las primeras investigaciones, Murguía Santiago habría recibido pagos mensuales de aproximadamente 70 mil pesos por parte del grupo criminal, a cambio de brindar protección institucional a sus integrantes, permitir el desvío de recursos públicos y facilitar diversas operaciones dentro del municipio. Entre estas operaciones destaca el uso del Rancho Izaguirre, una propiedad que, según la información difundida por la Fiscalía, era utilizada como centro de reclutamiento y adiestramiento del cártel. El lugar fue inspeccionado a principios de marzo por integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, quienes aseguraron haber localizado restos de personas calcinadas, decenas de prendas de vestir, tenis y otros objetos personales que pertenecerían a víctimas de desaparición forzada. Todo el hallazgo fue transmitido en vivo a través de su cuenta de Facebook.
La noticia llegó a oídos del Gobierno Federal, que intervino directamente, ya que ese mismo lugar había sido cateado y asegurado en septiembre de 2024 por la Guardia Nacional y autoridades estatales. En aquella ocasión, lograron la detención de 10 personas y el rescate de dos víctimas de secuestro. Sin embargo, debido a la falta de seguimiento por parte de las autoridades, el predio volvió a operar en la clandestinidad.
Según las investigaciones más recientes, ese primer cateo resultó fundamental para comenzar a vincular a diversas autoridades locales, incluyendo al propio alcalde Murguía, con el funcionamiento criminal del rancho.
El caso del alcalde emecista podría abrir nuevas líneas de investigación que alcancen a otros servidores públicos que, desde el poder local, habrían facilitado la operación de estructuras del crimen organizado en la región.
