Los centros penitenciarios de México tienen un sobrecupo en promedio de 37 por ciento, por lo que estos espacios están en riesgo de sufrir un contagio masivo de Covid-19, ante esto, los familiares de los internos muestran su preocupación por la falta de medidas preventivas.
La Asociación Civil Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social realizó una encuesta a 600 familiares de reclusos, quienes manifestaron que no hay agua, gel antibacterial, guantes ni cubrebocas, para proteger a los internos.
Por lo anterior, la asociación realizó una petición administrativa al Sistema penitenciario de la Ciudad de México para que se aplique el artículo 146 de la ley Nacional de Ejecución Penal, donde se señalan seis posibles casos donde se podría otorgar preliberación a personas que se encuentran reclusas.
"La Autoridad Penitenciaria, con opinión de la Procuraduría, podrá solicitar al Poder Judicial de la Federación o ante el Tribunal Superior de Justicia que corresponda, la conmutación de pena, liberación condicionada o liberación anticipada de un grupo determinado de personas sentenciadas de acuerdo a alguno de los siguientes criterios".
Esto podría aplicar en delitos donde la pena sea menor a cinco años, asimismo, que el delito no se haya cometido con violencia, a quienes cometieron delitos patrimoniales cometidos sin violencia o delitos culposos.
También señala que por cuestiones humanitarias la ley se debería aplicar a personas de la tercera edad que padezcan enfermedades crónico degenerativa o terminal.
Lucía Alvarado, perteneciente a Documenta, informa que pese a que el protocolo de salud en las cárceles se presentó ayer, se muestra la preocupación que estas personas viven ante el Covid-19.
"Pero nada de eso garantiza que no se vayan a contagiar y hasta ahora no sabemos dónde son las áreas de aislamiento donde se atenderán los casos de infectados".
En el país hay 189 mil reos, muchos de ellos son grupos vulnerables y necesitan atención especial, hay 54 menores que viven con sus madres, 875 adultos mayores, 448 con discapacidad, 511 con discapacidad psicosocial, 175 con VIH Sida, 379 indígenas, 9 mujeres embarazadas y 499 integrantes de la comunidad LGBTTT+, solamente en la Ciudad de México.
"Por eso es alarmante la situación que nos revela la encuesta, información insuficiente, medidas inadecuadas, falta se insumos. A algunos familiares se les toma la temperatura al entrar, pero a las personas privadas de su libertad no".
