El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como una “buena noticia”, “un logro”, la reforma para eliminar el outsourcing, destacando que se trata de “justicia laboral”.

“Hoy mismo vamos a proceder a su publicación a este paquete de leyes (…) No va  a haber subcontratación en el gobierno”.

Por su parte, la secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde, detalló que una vez que se realice su publicación, las empresas tienen tres meses para poder actualizarse, por lo que se espera que “antes de agosto ya estaría aplicándose la reforma”.

Dijo que la violación a los derechos de los trabajadores, daño a la hacienda pública, afectación a los institutos de seguridad social y competencia desleal para empresas cumplidoras; fue parte del diálogo que motivó la reforma. 

Compartió 8 puntos sobre la reforma en materia de subcontratación: 

1.- Se prohíbe la subcontratación de personal.

2.- Se permite la subcontratación de servicios y obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante.

3.- Registro obligatorio de empresas de subcontratación especializadas ante la STPS, previa acreditación de cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de seguridad social.

4.- Las empresas que reciban los servicios especializados deberán responder frente a los trabajadores en caso de incumplimiento.

5.- Para evitar simulación y defraudación fiscal, se homologan los criterios del Código Fiscal, de la Ley del ISR y la del IVA de la Ley Federal del Trabajo.

6.- Se endurecen las sanciones para el caso de incumplimiento. 

7.- Plazos de la reforma: la reforma aplicará en un plazo de 90 días y cada tres años las empresas tendrán que actualizar su registro ante la STPS.

8.- Se reforma la Ley Federal de los Trabajadores, para que en el Gobierno Federal ya no exista la subcontratación de personal. Se iniciará un proceso de diagnóstico en las dependencias de la Administración Pública para regularizar al personal subcontratado.

Indicó que el reparto de utilidades es un derecho constitucional, y se establecieron dos modalidades para el reparto, el promedio de ingresos de los últimos 3 años ó 90 días.

Por utilidades se repartían alrededor de 56 mil millones de pesos, con esta propuesta, se repartirán 157 mil millones de pesos, un incremento de 100 mil millones de pesos que hoy recibirán los trabajadores, producto de las utilidades y ganancias de las empresas.