
Lozoya es acusado por presunta responsabilidad en el desvío y lavado de más de tres mil millones de pesos provenientes de erario.
Asimismo, el organismo mencionó que la denuncia implica a 11 personas físicas, además de 33 morales por delitos de corrupción política y desvío de recursos públicos.
El año pasado, Emilio Lozoya fue extraditado desde España a México, donde afronta dos procesos judiciales en libertad, el primero por presuntamente haber recibido 10.5 millones de dólares en sobornos relacionados con la empresa Odebrecht a cambio de contratos de obras.
Por otra parte, el segundo juicio es por comprar presuntamente la planta de fertilizantes Agronitrogenados a Alonso Ancira, director de Altos Hornos de México, a cambio de un soborno.
La UIF logró identificar un esquema de lavado de dinero en los años 2012 a 2016 por medio de contratos entregados a 34 empresas con Odebrecht, con millonarias cantidades de dinero.
El organismo mencionó que en el primer grupo de operaciones, las empresas recibieron recursos públicos erogados de Pemex y organismos gubernamentales de forma injustificada, principalmente una empresa, de la cual no dio a conocer el nombre, donde se le transfirieron tres mil millones de pesos entre 2014 y 2016.
Las transferencias se realizaron supuestamente por prestación de servicio de construcción “a favor del gobierno federal”, los cuales no se hicieron.
Mientras que el segundo grupo de empresas recibió dinero del primer grupo para transaccionar y estratificar los fondos por medio de un esquema de triangulación de recursos.