De acuerdo con ‘Milenio’, en la denuncia se menciona que el gobierno mexicano tiene derecho al establecimiento de un fideicomiso implícito que consiste en bienes inmuebles, los cuales fueron comprados por los demandados con fondos robados del gobierno de México.
Por lo anterior, México exige un juicio contra cada demandante para la devolución, restitución, transferencia de las ganancias y por los costos de esta acción, así como “cualquier otra reparación adicional como la Corte lo juzgará justo y apropiado”.
Asimismo, la denuncia civil se concentró en los delitos cometidos por García Luna de 2012 a 2018, durante el sexenio de Peña Nieto, también se destacó que el exfuncionario comenzó a crear una red compleja, como una “empresa” de lavado de dinero, desde que asumió el cargo de secretario de Seguridad Pública en la administración de Felipe Calderón.
El medio comentó que en la demanda se menciona que García Luna recibió del gobierno de Peña Nieto dos mil 623 millones de pesos y 74 millones de dólares en contratos con la Secretaría de Gobernación, pero de acuerdo con lo señalado por la UIF, son producto de sobornos, manipulaciones, ofertas o corrupción.
Por lo anterior, fueron acusadas directamente ocho personas físicas, así como 39 compañías y propiedades, señaladas por el gobierno mexicano por tener una red de lavado de dinero.
