Tras la marcha de la “Generación Z” realizada el pasado 15 de noviembre de 2025, autoridades capitalinas han abierto procesos legales contra al menos 18 personas señaladas por actos vandálicos, violencia física y daños durante la movilización que se dio pie en el centro de la Ciudad de México.
De acuerdo con algunos reportes, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ha iniciado procedimientos en contra de este grupo de jóvenes, quienes enfrentan cargos penales que podrían desembocar en sentencias, aunque por ahora sus casos están en etapa de vinculación y proceso. Entre los delitos que se les imputan se encuentran daños a bienes públicos, uso de violencia contra personal de seguridad y posiblemente agresiones físicas contra agentes.
Los manifestantes, en su mayoría pertenecientes a la llamada Generación Z, emprendieron la marcha fundamentalmente para exigir seguridad, justicia y oportunidades, denunciando lo que consideran un abandono institucional y falta de respuestas por parte de las autoridades. Si bien la mayor parte del recorrido fue pacífica, los enfrentamientos estallaron cuando algunos jóvenes intentaron derribar vallas frente al Palacio Nacional, desencadenando desencuentros con la policía que utilizaron gases y fuerza para contener la protesta.
Tras lo sucedido, la Secretaría de Seguridad Ciudadana puso a disposición del Ministerio Público a 29 personas de las cuales se abrieron 17 carpetas de investigación: ocho por lesiones, seis por robo de objetos y tres por diversos daños. Finalmente, el Ministerio Público declaró que serían 19 las personas implicadas, no obstante, uno de ellos quedó en libertad al ser menor de edad, dejando 18 casos a determinar.
El proceso penal en curso podría derivar en condenas significativas, en función de la evidencia que la Fiscalía presente durante las audiencias. Hasta ahora, las defensas argumentan que varios de los jóvenes detenidos solo participaron en manifestaciones no violentas, y que en otros casos su presencia fue circunstancial.
Las autoridades capitalinas han asegurado que actuarán conforme a la ley, pero también han reiterado su disposición a recibir propuestas y canalizar los planteamientos de los jóvenes a través de mecanismos institucionales. Mientras tanto, el destino legal de estas 18 personas y las posibles condenas, continuará marcando el debate público sobre protesta, justicia y la generación emergente que exige ser escuchada.
