La noticia cayó como un mazazo entre los seguidores de la Iglesia La Luz del Mundo (LLDM): su líder, Naasón Joaquín García, volvió a ser acusado en Estados Unidos, esta vez bajo cargos de crimen organizado, tráfico sexual y explotación infantil. La acusación formal, presentada en el Distrito Sur de Nueva York, describe con detalle cómo durante décadas una estructura conocida como la “Empresa Joaquín LLDM” habría operado al amparo de la fe para cometer abusos sexuales, manipulación doctrinal y delitos financieros a gran escala.
El documento judicial sostiene que Naasón no actuó solo. En la acusación figuran nombres de personas muy cercanas: Rosa Sosa, Azalia Rangel García, Eva García de Joaquín (su madre), Joram Núñez Joaquín y Silem García Peña. Juntos, según las autoridades, conformaron una red que utilizó los templos, las donaciones y la devoción de millones de creyentes como herramientas para someter a niñas, niños y mujeres bajo un ciclo sistemático de abusos.
La mañana del 7 de septiembre de 2025, agentes federales en Estados Unidos ejecutaron varias órdenes de aprehensión. Naasón, quien ya cumple condena estatal en California por delitos sexuales contra menores, fue detenido dentro del penal de Chino. Su madre, Eva García de Joaquín, cayó en Los Ángeles. Joram Núñez Joaquín fue arrestado en las afueras de Chicago.
Otros tres acusados —Sosa, Rangel García y García Peña— permanecen prófugos y se cree que se ocultan en México. La fiscalía estadounidense ya solicitó órdenes de detención y extradición para que enfrenten juicio en Nueva York.
Una herencia de abusos
La acusación va más allá de Naasón. En sus páginas se señala que la práctica de someter sexualmente a mujeres y menores no nació con él, sino que se remonta a la fundación de la iglesia. Desde Eusebio Joaquín González, “Aarón”, pasando por Samuel Joaquín Flores, hasta llegar a Naasón, cada líder habría replicado un patrón de control absoluto sobre los feligreses.
La táctica era siempre la misma y nunca cambió: sembrar miedo y sumisión a través de la doctrina que regía cada paso de la vida cotidiana. Desde pequeños, los niños crecían con la idea de que el “apóstol” era un elegido directo de Dios y que solo a través de él se alcanzaba la salvación. Cuestionar esa creencia significaba cargar con la amenaza de una condena eterna y, además, el destierro de la familia y de la comunidad. Bajo ese peso, muchas víctimas llegaron a convencerse de que “servir” al líder era, en realidad, un privilegio espiritual.
La acusación también revela el papel de las mujeres más cercanas a Naasón y a su padre: funcionaban como “preparadoras”, encargadas de seleccionar, acercar y moldear a las menores para ponerlas al alcance del líder.
- Rosa Sosa y Eva García de Joaquín seleccionaron y prepararon a menores para que Samuel Joaquín los abusara.
- Azalia Rangel García y Sosa, bajo la dirección de Naasón, repitieron la misma función: reclutaron a adolescentes de tan solo 13 años y los obligaron a mantener relaciones sexuales, incluso mediante fotografías y videos.
- La madre de Naasón, Eva, no solo proporcionó víctimas: la acusación también la acusa de estar directamente involucrada en agresiones sexuales.
- Silem García Peña, en su rol de director de relaciones públicas, presuntamente intervino para bloquear denuncias y manipular la cobertura mediática.
- Joram Núñez Joaquín se hizo pasar por abogado de la Iglesia para evitar que las víctimas y sus familias acudieran a las autoridades.
De acuerdo con la acusación, Naasón ordenaba de manera explícita la producción de fotografías y videos de abusos sexuales a menores. Indicaba a sus cómplices cómo debían vestirse o depilarse las víctimas y qué actos sexuales registrar. Ese material se guardaba en iPhones, iPads, memorias USB y discos duros, varios de los cuales fueron incautados.
Los viajes eran otro componente del entramado. Adolescentes eran trasladadas a Estados Unidos, México y países como España, Reino Unido, Portugal, Sudáfrica o Malasia para estar disponibles durante los recorridos internacionales del líder. Con el pretexto de actividades religiosas, el grupo mantenía una red de tráfico sexual a escala global.
El financiamiento provenía de los propios feligreses. Los diezmos, presentados como actos de devoción, fueron usados —según los fiscales— para costear el lujoso estilo de vida de la familia Joaquín: vuelos en jets privados, hoteles de cinco estrellas, autos de lujo, joyas y ropa de diseñador. Parte del dinero también se usaba para comprar juguetes sexuales y productos de limpieza destinados a borrar huellas de los abusos. En los viajes, las víctimas eran obligadas a transportar discretamente menos de 10 mil dólares cada una, para evadir controles en aeropuertos y fronteras.
Tras el primer arresto de Naasón en California en 2019, su círculo íntimo ideó un plan para obligar a los sobrevivientes a retractarse de sus declaraciones. Las familias fueron amenazadas, castigadas y presionadas directamente. La acusación también documenta la destrucción sistemática de pruebas: archivos destruidos, documentos quemados y dispositivos electrónicos sumergidos en agua.
El encubrimiento incluso incluyó la manipulación institucional. Núñez Joaquín, haciéndose pasar por abogado, presuntamente intentó disuadir a las víctimas de declarar. Al mismo tiempo, García Peña utilizó los canales de comunicación oficiales de la iglesia para proteger la imagen del líder.
Acusaciones
La acusación incluye múltiples delitos:
- Conspiración de crimen organizado (RICO).
- Conspiración para tráfico sexual.
- Trata de personas mediante fuerza y coacción.
- Producción y posesión de pornografía infantil.
- Trabajo forzoso.
- Obstrucción de la justicia.
Además, el gobierno estadounidense solicitó la confiscación de propiedades y dispositivos electrónicos vinculados a la red, entre ellos casas en Los Ángeles y Redlands, varios teléfonos iPhone, laptops, discos duros y un CD rotulado como “FOTOS PARA SILAO”.
En conferencia, el fiscal federal Jay Clayton fue directo: “Se aprovecharon de la fe de sus seguidores para abusar de ellos. Usaron su poder religioso y financiero para silenciar a las víctimas. Esta Oficina exigirá responsabilidades a Naasón y a quienes lo ayudaron”.
El agente de HSI, Ricky J. Patel, enfatizó el alcance de la investigación: “Los acusados están señalados de atacar a personas que dieron su confianza a la iglesia y que a cambio sufrieron crímenes inimaginables. El ciclo de victimización termina hoy”.
Harry T. Chavis Jr., del IRS-CI, resumió la dimensión económica: “Tras la legitimidad de una iglesia, se ocultaba un imperio criminal basado en el abuso sexual, la pornografía infantil y el lavado de dinero”.
La acusación insiste en que este caso no es un hecho aislado, sino la culminación de un patrón repetido durante generaciones. Desde Aarón hasta Samuel, y de Samuel a Naasón, la familia Joaquín habría convertido la estructura religiosa en un mecanismo de sometimiento y abuso.
