De acuerdo con un artículo publicado en ‘Animal Político’, dichas propuestas son preocupantes ante la búsqueda de la justicia, así como por la falta de escucha a las víctimas y a las personas expertas en la materia, debido a que, al menos con el aumento del listado en prisión preventiva, violaría la presunción de inocencia puesto que las personas acusadas podrán ser encarceladas aunque no se haya comprobado su responsabilidad penal.
Asimismo, se detalla que aún no se ha comprobado que la prisión preventiva automática reduzca la incidencia delictiva, sin embargo, dicha medida provocaría que exista un aumento de personas que se encuentran en prisión a las cuales aún no se les demuestra su culpabilidad en los delitos de los que se les acusa y que podrían realizar el proceso penal en otras medidas cautelares.
De igual manera, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) señala en dicho artículo que los legisladores optaron por no tomar en cuenta a los especialistas, organizaciones civiles e instancias de derechos humanos que han advertido sobre esta medida la cual es perjudicial en especial para las personas que se encuentran más vulnerables.
También la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) estableció que la prisión preventiva debía de cumplir diversos requisitos para no ser una medida arbitraria, como acreditar que no existe una medida menos severa, ser la medida más idónea, tener finalidad compatible con la Convención Americana de Derechos Humanos, ser proporcional y estar adecuadamente motivada, siendo la prisión preventiva considerada como el último recurso.
Mientras tanto, las modificaciones a la Ley Orgánica de la FGR, también puede ser un retroceso debido a sus implicaciones, en la propuesta se buscaba eliminar mecanismos de control como el Consejo Ciudadano y la participación de la población en el plan de persecución penal, de igual manera se eliminaba la creación de unidades de investigación y litigación, así como la creación de equipos mixtos de investigación, suprimiendo la participación de la FGR en instancias como la Comisión Nacional de Búsqueda, el Programa para Prevenir y Sancionar la Tortura, entre otros.
Ante esto, instancias internacionales y organizaciones de derechos humanos han manifestado su preocupación, instancias del Poder Ejecutivo han alertado sobre los riesgos que representa el llevarla adelante, a pesar de esto, las personas que han impulsado las medidas han mencionado que se han tomado en cuenta las observaciones que les han realizado.
Con información de: Animal Político.
