La Ley Ingrid y la Ley Olimpia son dos de las últimas legislaciones que se han aprobado en el país, dichas leyes surgieron a raíz de mujeres que fueron violentadas y expuestas.
En el caso de Ingrid Escamilla, víctima de feminicidio, se difundieron fotografías de su cuerpo en redes sociales y en algunos medios de comunicación. Mientras que Olimpia Coral fue expuesta en redes sociales, luego de que se subió un video íntimo sin su consentimiento.
Por lo anterior, es importante crear legislaciones que prevengan, combatan y sancionen los diferentes tipos de violencia que se ejerce contra las mujeres. Aquí te presentamos las leyes con perspectiva de género en México.
El pasado miércoles la ‘Ley Ingrid’ fue aprobada en la Cámara de Diputados con 470 votos a favor, esto se da a dos años del feminicidio de Ingrid Escamilla.
La Ley Ingrid surgió a raíz del feminicidio de Ingrid Escamilla, quien fue asesinada en febrero de 2020 por su pareja sentimental.
Las imágenes del cuerpo de la víctima fueron filtradas y difundidas por medio de las redes sociales y algunos medios de comunicación, hecho que causó indignación.
La ley busca castigar la revictimización, estereotipación, discriminación y estigmatización contra mujeres, niñas, niños y adolescentes que hayan sido victimas de algún delito.
Con la Ley Ingrid se reforma el artículo 225 del Código Penal Federal e impone de cuatro a 10 años de prisión y multas de 100 a 150 días valor UMA a los servidores públicos que difundan imágenes, videos e información relacionada con las víctimas de un acto de violencia.
En caso de que las víctimas sean mujeres, niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad, la sanción aumentará un 33 por ciento.
El dictamen señala que se considerará como delito si un servidor público “por cualquier medio o fuera de los supuestos autorizados por la ley, fotografíe, copie, filme, audiograbe, videograbe, reproduzca, difunda, entregue, revele, remita, comparta, distribuya, publique, transmita, exponga, oferte, intercambie o comercialice imagen, audio, video, documento, información, indicio, evidencia y objeto alguno relacionado con alguna investigación penal”.
La ley ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, sin embargo aún deberá ser discutida y avalada por el Senado.
La Ley Olimpia surge luego de la difusión de un video sexual no autorizado de Olimpia Coral, quien fue víctima de violencia digital por parte de su expareja.
A partir de ahí Olimpia inició una lucha para crear una ley que penalice este tipo de acciones, luego de siete años, en 2020 el Senado de la República aprobó por unanimidad la Ley Olimpia.
“La Ley Olimpia no se refiere a una ley como tal, sino a un conjunto de reformas legislativas encaminadas a reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, también conocida como ciberviolencia”, explica el Gobierno Federal.
La Ley Olimpia considera violencia digital los actos de acoso, hostigamiento, amenaza, vulneración de datos e información privada, así como difusión de contenido sexual sin consentimiento.
Mientras que la difusión mediática son los actos realizados a través de cualquier medio de comunicación que promueve directa o indirectamente estereotipos sexistas, apología de la violencia contra las mujeres y niñas, producen o permiten la difusión de discursos de odio sexista y discriminación de género.
Las sanciones para las personas que cometan este tipo de violencia serán castigadas con tres a seis años de prisión y multas que van de 500 a 1,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA), así como el pago de reparación de daños y perjuicios que se ocasionen.
Con esta ley se busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, por lo que establece una coordinación en entre el Gobierno Federal y las entidades.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia garantiza el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo integral.
Asimismo, los tipos de violencia que aborda la ley son la psicológica, física, patrimonial, económica y sexual.
Esta ley también contempla la conocida ‘Alerta de género’, que consiste en un conjunto de acciones gubernamentales para erradicar la violencia feminicida en cierto territorio.
“La alerta de violencia de género contra las mujeres tendrá como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravio sus derechos humanos”, señala el dictamen.
Finalmente, contempla el Programa para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, donde se implementan acciones con perspectiva de género.
Las autoridades tendrán que dar atención a las víctimas y se les deberá brindar un lugar seguro. Las mujeres y sus hijos que soliciten esta medida tendrán acceso a servicios especializados y gratuitos como: hospedaje, alimentación, vestido y calzado, servicio médico, asesoría jurídica, apoyo psicológico, programas reeducativos integrales, capacitación y bolsa de trabajo.
De acuerdo con Inmujeres, el objetivo de la ley es regular y garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, por lo que se proponen lineamientos y mecanismos institucionales para el cumplimiento de la igualdad en el ámbito público y privado.
Los principios que rigen la ley son la igualdad, la no discriminación y la equidad. El organismo detalla que la ley beneficia a “todas las mujeres y hombres que se encuentren en el territorio nacional, que por razón de su sexo, independientemente de su edad, estad civil, profesión, cultura, origen étnico o nacional, condición social, salud, religión, opinión o capacidades diferentes, se encuentren con algún tipo de desventaja ante la violación del principio de igualdad”.
De acuerdo con un informe realizado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en México el 85 por ciento de las víctimas de delito de trata de personas son mujeres y niñas.
La ASF explica que esto se debe a la inequidad de acceso a oportunidades educativas y laborales, por lo que incrementa la vulnerabilidad de mujeres y niñas.
La ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas incluye la investigación, procesamiento, enjuiciamiento, imposición y ejecución de sanciones de delitos en materia de trata de personas.
Así como proteger a las víctimas y testigos de este delito, principalmente a mujeres, menores de edad y personas en situación de vulnerabilidad o desventaja.
También se deben establecer mecanismos efectivos para tutelar la vida, la dignidad, la libertad, la integridad y la seguridad de las personas, así como el libre desarrollo de las niñas, niños y adolescentes.
La ley resalta que las víctimas y testigos deberán ser tratados en todo momento con humanidad, respeto por su dignidad y con estricto apego al derecho.
Las leyes a favor de las mujeres han avanzado de manera significativa en México, sin embargo aún falta mucho camino por recorrer, debido a que la violencia y la desigualdad de género en el país continúan muy arraigadas.
