El Juez de Distrito declaró que la empresa privada que crearon, autorizaron y fondearon servidores públicos del CONACYT, en la cual, de acuerdo con la FGR, utilizaron recursos federales destinados a la investigación científica para la compra de muebles, vehículos, inmuebles, así como para el pago de salarios y servicios directos, no es un hecho delictivo puesto que el Foro de Consulta, señalado en el estatuto del CONACYT, lo autoriza.
Sin embargo, la FGR señala que no se puede ir en contra de lo señalado por la Ley de Ciencia y Tecnología y por la Ley Orgánica del CONACYT, en donde se considera al Foro como un órgano interno de la Institución, por lo que no podrá convertirse en una empresa privada que obtenga fondos, beneficios, recursos y salarios del presupuesto público destinado a la investigación científica.
Debido a esto el Ministerio Público de la Federación no coincide con el criterio, por lo que apoya las denuncias por delitos de carácter patrimonial que se intentan judicializar, exponiendo fundamentos, motivaciones y pruebas que tienen que valorarse en su totalidad y hacerse públicas.
Ante esto, la FGR volverá a solicitar la orden de aprehensión, en donde explicará lo que se considera un hecho delictivo patrimonial imputable para dichas personas y las pruebas que lo acreditan, detallando que intentará esta instancia y todos los recursos procedentes con los que cuente la institución para “la defensa de los intereses de la Federación, frente a delitos de carácter patrimonial”.
