Tras los hechos ocurridos, la primera línea asegura que Angélica, una niña ‘na savi’ de 15 años se encontraba detenida en la cárcel de Dos Ríos debido a la petición emitida por parte de su suegro con la finalidad de ejercer presión para que se le devolviera el dinero pagado por ella cuando se casó con su hijo.
Por lo anterior la joven fue detenida y encarcelada por parte de elementos de la Policía Comunitaria de Dos Ríos tras dar a conocer que se salió de la casa de sus suegros por que su suegro intento abusar de ella en cuatro ocasiones debido a que reiteraba haber pagado por ella. Después la pequeña se trasladó a la vivienda de su abuela Doña Petra Ágular Narva, donde acudieron los policías comunitarios para llevársela detenida, se sabe que la joven permaneció encarcelada durante once días en la Casa de Justicia de Dos Ríos.
Posteriormente, la madre de la joven dio a conocer que fue trasladad al hospital de Ometepec luego de sufrir una agresión por parte del comandante de la policía mientras llevaba alimento a su hija; se sabe que la señora Concepción Aventura Aguilar estaba embarazada, y que los jaloneos y empujones efectuados por parte del elemento de seguridad le provocaron un aborto que la puso en riesgo de morir desangrada.
Angélica se comprometió y se casó con Rafael Julián, perteneciente a la misma comunidad de la Joya Real y quien tiempo después, tuvo que partir a Estados Unidad con la finalidad de trabajar a causa de la falta de empleo; el joven tuvo que dejar a la adolescente al cuidado de sus padres, sin embargo, el acoso e intento de violaciones ejercidas por parte de su padre provocó que la adolescente permaneciera encerrada por la petición de la devolución de 210 mil pesos pagados por ella. Los familiares aseguraron que para la realización de la ceremonia nupcial gastaron alrededor de 120 mil pesos, pero actualmente se encuentran reclamado el doble.
Hasta el momento se ha notificado la detención de las tres hermanas de menores de Angélica, así como la liberación de la abuela de 70 años. Las cuatro jóvenes se encontraron en las instalaciones de la Policía Comunitaria, por ahora tendrán que esperar a ser liberadas hasta que su padre Juan Manuel Martínez pague la cantidad reclamada por los suegros.
Este caso ha causado gran indignación, por lo tanto, activistas , colectivas y diversas organizaciones de derechos humanos del estado han demostrado cero intolerancia hacia los matrimonios forzados efectuados hasta la fecha en diferentes lugares del Estado.
Por lo anterior, fue realizado un escrito que terminó por recabar alrededor de 100 firmas con la finalidad de recibir apoyo y recordad que los matrimonios forzados violentan los derechos de las mujeres pues son puestas en venta como si se tratara de un objeto.
Actualmente, el Poder Judicial de la Fiscalía Especial para los delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de personas (FEVIMTRA) y el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINA) se encuentran interviniendo en el caso a causa de las demandas efectuadas para su pronta liberación y refugio para las víctimas de forma inmediata; así como la realización de reparación de daños por parte de los responsables.
