Como cada dos años, la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos elaboró la nueva Estrategia Nacional de Control de Drogas. En esta ocasión, el documento solicitó explícitamente al Gobierno de México que entregue resultados en cuanto al combate contra el narcotráfico. Además, catalogó a los cárteles mexicanos como grupos terroristas y al fentanilo como un “arma de destrucción masiva”. Esto ocurre en un contexto en el que el Gobierno mexicano rechazó las órdenes de aprehensión de Estados Unidos en contra de Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios públicos señalados de cooperar con cárteles.
Para iniciar con el documento, la directora de la Oficina de Control de Drogas, Sara Carter Bailey, escribió una carta en la que mencionó que durante su gestión ha laborado en lo profundo del territorio del cártel. Resaltó que el combate contra el crimen organizado es “profundamente personal”, ya que en la lucha contra el tráfico de drogas su marido, un veterano del ejército estadounidense, casi pierde la vida.
En esta estrategia se detalló el papel de México en la cadena global de narcotráfico y el impacto que los grupos organizados han tenido en los Estados Unidos. Sin embargo, México no ha sido el único país mencionado en este documento; también se señaló a Colombia, China e India por su participación en la producción y distribución de opioides que entran al país norteamericano.
La Oficina de Política Nacional de Control de Drogas adelantó que se les exigirá a los gobiernos de dichos países que tomen medidas agresivas de aplicación contra los grupos y personas que operan en el tráfico de drogas. Mencionó que se aprovecharán los compromisos bilaterales, regionales y multilaterales que tienen con estas administraciones extranjeras.
La estrategia anunció que se acabarán las políticas reactivas y fragmentadas; por el contrario, ahora se dará paso a una ofensiva coordinada en la que se contemplan sanciones económicas, controles internacionales y presión diplomática a los países señalados.
El papel de la frontera mexicana en la nueva estrategia
La Oficina reconoció que la frontera terrestre de casi 2 mil millas que comparte Estados Unidos con México es el principal paso de drogas ilícitas, lo cual representa una de las amenazas más graves para los ciudadanos estadounidenses. Informó que las drogas que se trafican en esta delimitación son: fentanilo, metanfetamina y otras drogas sintéticas, las cuales amenazan la seguridad nacional del país vecino.
Para enfatizar este punto, de acuerdo con la información, Estados Unidos registró más de 100 mil muertes por sobredosis al año durante el pico de la crisis por fentanilo.
La autoridad estadounidense detalló que la política de contención de drogas en la frontera con México ha fracasado; por esto, se realizará una transición hacia una política enfocada en desarticular cárteles, desmantelar laboratorios, rutas y redes criminales, en territorio estadounidense o extranjero.
Además, se propuso fortalecer la frontera con México con la instalación de torres de vigilancia, sensores modernos, implementación de drones y sistemas de inspección no intrusivos. Instruyó al Departamento de Guerra a incrementar su presencia en capacidades de inteligencia, vigilancia y apoyo logístico en las zonas críticas de la delimitación.
Los cárteles mexicanos ahora son Organizaciones Terroristas Extranjeras
En el informe se estableció que los cárteles mexicanos considerados como mayores generadores de violencia fueron designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés).
Esto significa que el Gobierno de Estados Unidos ahora tiene la capacidad de utilizar herramientas para el combate al terrorismo en contra de estos grupos. Esto permite que se usen estatutos sobre apoyo material al terrorismo; que se amplíen las posibilidades de extradición de miembros y colaboradores; congelación de activos financieros; y perseguir y enjuiciar a colaboradores o facilitadores de los grupos criminales.
Además, se catalogó al fentanilo y a sus precursores químicos como “armas de destrucción masiva”, por lo que se permitirán acciones más agresivas y multidimensionales para frenar su producción, tráfico y distribución.
Tras funcionarios mexicanos, empresas y operadores
Después de que se dio a conocer que diez funcionarios morenistas mexicanos enfrentan acusaciones federales en Estados Unidos, entre ellos el exgobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya, por contar con vínculos con el Cártel de Sinaloa, el documento precisó que se aplicarán medidas más severas en contra de cualquiera que esté relacionado con organizaciones criminales.
De acuerdo con la estrategia, se contemplan a funcionarios públicos, laboratorios, empresas de mensajería, brokers, transportistas y farmacéuticas que, en algún momento de manera recurrente, hayan facilitado la logística, lavado de dinero, protección o cualquier otra actividad a grupos que se dediquen a traficar drogas hacia Estados Unidos.
La medida incluye el bloqueo de cuentas bancarias, prohibición para operar en territorio estadounidense y procesos legales de extradición.
Apoyo a la educación
Como parte de una estrategia integral, la Oficina también presentó un plan para implementar una campaña masiva de educación pública sobre los riesgos que conlleva el consumo de drogas sintéticas, con énfasis en el fentanilo.
La campaña contempló programas educativos en escuelas, alianzas con líderes religiosos y comunitarios y la creación de coaliciones locales. Esto, para reducir el estigma sobre el tratamiento de adicciones y promover modelos de prevención en Estados Unidos.