Diana Toro Díaz, identificada por autoridades de Estados Unidos como presunta operadora financiera del Cártel de Sinaloa, fue detenida en Montreal, Canadá. La mujer, de 44 años y con nacionalidad colombiana y mexicana, fue arrestada en el Aeropuerto Internacional Pierre Elliott Trudeau luego de intentar ingresar al país con un pasaporte falso, lo que activó protocolos de seguridad migratoria y cooperación internacional.
Tras su detención, Toro Díaz fue trasladada al Centro de Detención de Inmigrantes de Laval, donde permanece bajo custodia mientras la Junta de Inmigración y Refugiados de Canadá determina su situación legal. Entre los escenarios posibles se encuentra su extradición a Estados Unidos, país que la mantiene en la lista de personas buscadas por delitos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero.
De acuerdo con investigaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, Toro Díaz forma parte de la estructura financiera del Cártel de Sinaloa y ha sido señalada como pieza clave en el manejo de recursos ilícitos. Desde 2010, tanto ella como su esposo, Alejandro Flores Cacho, fueron sancionados bajo la Ley Kingpin, un instrumento legal que permite congelar activos y bloquear operaciones financieras de personas vinculadas con el narcotráfico.
Flores Cacho es identificado por autoridades estadounidenses como el principal coordinador de narcopilotos dentro de la organización criminal, encargado de la logística aérea para el transporte internacional de drogas. En este esquema, Toro Díaz habría participado facilitando operaciones financieras y fungiendo como prestanombres en múltiples empresas utilizadas presuntamente para el lavado de dinero.
Las investigaciones apuntan a una red empresarial que incluía compañías de carga aérea, escuelas de aviación, restaurantes, ranchos, negocios agrícolas, clubes deportivos y otras firmas comerciales. Estas entidades, distribuidas en distintas regiones de México y otros países, habrían servido como fachada para ocultar el origen ilícito de los recursos generados por el tráfico de drogas.
El caso también revela la capacidad de infiltración de estas redes en entornos internacionales. Durante varios años, Toro Díaz habría vivido en Montreal bajo una identidad falsa, en una zona residencial de alto nivel donde su familia llevaba una vida aparentemente normal. Sus hijos asistían a instituciones educativas privadas, lo que permitió mantener un perfil bajo mientras operaba fuera del radar público.
La captura fue posible gracias a una alerta emitida por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que mantenía vigilancia sobre sus movimientos. Autoridades canadienses detectaron inconsistencias en su documentación al intentar ingresar nuevamente al país, lo que derivó en su arresto inmediato.
Toro Díaz no es ajena a las autoridades. En 2006 fue detenida en México tras el aseguramiento de 5.5 toneladas de cocaína en el aeropuerto de Ciudad del Carmen; sin embargo, fue liberada en 2007 por falta de pruebas. Este antecedente forma parte del historial que hoy sustenta las acusaciones en su contra en el ámbito internacional.
El caso se enmarca en una estrategia más amplia de Estados Unidos para golpear las estructuras financieras del narcotráfico, consideradas esenciales para la operación de los cárteles. Más allá de los líderes visibles, las investigaciones han puesto énfasis en operadores logísticos y financieros que permiten el flujo de dinero, la adquisición de bienes y la expansión de estas organizaciones a nivel global.
Hasta el momento, las autoridades canadienses no han confirmado si Toro Díaz enfrentará cargos en ese país por el uso de documentos falsos. Su futuro inmediato dependerá de las audiencias migratorias y de las solicitudes formales de extradición que presente Estados Unidos, en un proceso que podría extenderse durante varios meses mientras se revisan las pruebas y los procedimientos legales correspondientes.
