La comunidad internacional ha destacado que en el país se vive una crisis humanitaria por el número de personas desaparecidas.
“La desaparición de personas, incluida la desaparición forzada, constituye una violación pluriofensiva de derechos humanos, toda vez que además de causar daños irreparables a las víctimas, provoca sufrimiento en sus familiares al ignorar el destino final que aquéllas correrán, generándoles por tiempo indefinido el temor y la incertidumbre de conocer el paradero de su ser querido, además de un deterioro económico y de salud física y mental. Su práctica implica la privación de la libertad y en muchas ocasiones de la vida”, señala la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
La Ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del sistema nacional de búsqueda de personas, la cual se publicó el 17 de noviembre de 2017, resalta la diferencia entre personas desaparecidas y no localizadas.
Persona Desaparecida: la persona cuyo paradero se desconoce y se presuma, a partir de cualquier indicio, que su ausencia se relaciona con la comisión de un delito.
Persona No Localizada: la persona cuya ubicación es desconocida y que, de acuerdo con la información que se reporte a la autoridad, su ausencia no se relaciona con la probable comisión de algún delito.
La CNDH explica que existe un problema estructural en el país relacionado con la desaparición de personas y se deriva de la corrupción, impunidad, violencia, inseguridad y colusión de diversas personas servidoras públicas con la delincuencia organizada. Además esta crisis se agrava con condiciones de desigualdad y pobreza extrema.
Asimismo, esto se suma a la impunidad que prevalece en nuestro país, así como la falta de acciones para buscar y localizar a las víctimas.
“La cifra se agrava por el hecho de que no existen cifras oficiales precisas y confiables de personas desaparecidas, ni tampoco una base de datos sólida en funcionamiento en la que se concentre el registro de todas las personas que se encuentran en esta situación en México”, menciona la CNDH.
Al corte del 26 de noviembre de 2021, el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) indicó que 95 mil personas estaban registradas oficialmente como desaparecidas en México, de las cuales se presume que más de 100 fueron del 15 al 26 de noviembre, durante la visita del CED.
“Según cifras oficiales, al 26 de noviembre había más de 95,121 personas desaparecidas en México, de las cuales más de un centenar habrían desaparecido durante nuestra estancia. Observamos que ha habido un aumento en el número de niños y niñas y mujeres desaparecidas, tendencia que se ha agravado durante el COVID-19. Además, observamos que los migrantes enfrentan un riesgo especial”, mencionó la delegación por medio de una conferencia de prensa.
Los estados que presentan el mayor número de desaparecidos son Jalisco con 14 mil 732; Tamaulipas con 11 mil 724 y el Estado de México con 10 mil 145.
De la cantidad registrada de desaparecidos, el 98 por ciento ocurrieron entre 2006 y 2021. No obstante el CED aseguró que esta cifra se incrementa cada día, por lo que luego de 4 meses de la visita de los expertos, la cifra ha incrementado a más de 98 mil víctimas.
“Señalamos 95 mil 121 personas desaparecidas y el registro cado día se alimenta, y al momento presenta una cifra mayor, en este momento no lo tengo pero creo que es alrededor de 98 mil personas desaparecidas”, dijo Carmen Rosa Villa Quintana, presidenta del Comité contra la Desapariciones de la ONU, en conferencia de prensa.
El CED resaltó que la mayoría de las personas víctimas de desapariciones son hombres jóvenes, pero recientemente se ha mostrado un incremento en menores de edad y mujeres.
La mayoría de las víctimas son personas del sexo masculino de entre 15 y 40 años de edad. Además los expertos aseguraron que aunque el crimen organizado es el principal responsable de los delitos de desaparición forzada, la mayoría de ellas son cometidas por las autoridades en todos los niveles.
La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) informó que entre 1964 y 2021 han desaparecido más de 82 mil niños y adolescentes en el país, de los cuales el 20 por ciento no han sido localizados.
Tania Ramírez, directora ejecutiva de Redim, destacó que se vive una crisis de niñez desaparecida, la cual requiere reconocimiento, visibilización y actuación para prevenir y combatir.
De los 82 mil 328 niñas, niños y adolescentes que fueron reportados como desaparecidos, 16 mil 378 continúan sin ser encontrados. De estos, ocho mil 518 son niñas y seis mil 952 niños.
Datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas arrojaron que 74.6 por ciento de los menores desaparecidos en el país son adolescentes entre 12 y 17 años.
La experta resaltó que las desapariciones de niños, niñas y adolescentes incrementaron de manera significativa cuando inició la llamada ‘guerra contra el narco’ en 2006.
Por su parte, el CED indicó que hay un incremento en desapariciones de mujeres adolescentes a partir de los 12 años y dicha tendencia se agravó durante la pandemia.
Las principales causas de esta problemática son por:
La organización Amnistía Internacional destaca que el delito de desaparición “constituye una violación acumulativa de derechos humanos”, entre ellos se encuentra la violación de:
Integrantes del Grupo Coordinador del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) aseguraron que existen alrededor de 52 mil cuerpos o restos óseos no identificados que están resguardados en los institutos forenses y morgues del país.
Por lo anterior, a principios de abril de 2022 los especialistas del MEIF sostuvieron una reunión con colectivos de familiares de personas desaparecidas y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEEAV), quienes crearán un proyecto para poder identificar los cuerpos que están acumulados.
El CED reveló que dadas las condiciones actuales serían necesarios 120 años para identificar a las personas, “sin contar los nuevos cuerpos que se van sumando cada día”.
“Varios de los instrumentos previstos en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas todavía no han sido establecidos y no se cuenta con una política pública de identificación humana en relación con la desaparición de personas”, destacó el Comité.
El CED exhortó a las autoridades mexicanas implementar una política de prevención y erradicación de desapariciones.
Destacó que se debe crear una política que sea integral, que atienda y combata las causas de las desapariciones y evitar que sigan sucediendo.
El CED explicó que hay 10 prioridades que se deben atender:
