
Una mujer que dedicaba sus días a buscar desaparecidos ha sido desaparecida.
Su nombre es María de los Ángeles Valenzuela, integrante del colectivo Corazones Unidos por la Misma Causa, con sede en Mazatlán, Sinaloa. La tarde del martes 14 de octubre, fue privada de la libertad por sujetos armados en las inmediaciones de la colonia Salvador Allende. Desde entonces, no se sabe nada de ella.
Eran poco después de las dos de la tarde cuando, según versiones de testigos, un vehículo color blanco se detuvo frente a la vivienda donde María de los Ángeles realizaba labores de búsqueda comunitaria. Minutos después, desapareció. Su madre, identificada como Baltazar Rosas, publicó en redes sociales un mensaje desesperado:
“Un carro blanco se acaba de llevar a mi hija María de los Ángeles Valenzuela. Apóyenme a difundir para poder encontrarla. Cualquier información es valiosa.”
El mensaje fue compartido cientos de veces por familiares, amigos y colectivos de búsqueda de todo el país. Horas más tarde, la organización Corazones Unidos por la Misma Causa confirmó la desaparición y difundió su fotografía con un llamado a las autoridades:
“Hoy, en Mazatlán, se llevaron a nuestra compañera rastreadora María de los Ángeles Valenzuela. Una mujer valiente que dedica su vida a buscar a los desaparecidos, y hoy ella misma ha sido desaparecida. Exigimos su búsqueda inmediata y su regreso con vida.”
La desaparición de María de los Ángeles se conoció alrededor de las 15:30 horas, cuando los primeros reportes circularon en redes sociales acompañados de una ficha elaborada por su colectivo. El mensaje pedía colaboración ciudadana, describía el vehículo y advertía que la mujer podría haber sido llevada por la fuerza.
De acuerdo con los datos confirmados por su grupo, María de los Ángeles forma parte del colectivo desde 2022. Buscaba a su padre, desaparecido el año pasado, y a su primo, reportado como no localizado en 2025. Su trabajo la había convertido en una figura activa en las brigadas de rastreo del sur del estado, donde participaba en jornadas de búsqueda en vida y campo.
Compañeras del colectivo relataron que la buscadora no tenía escolta ni medidas de protección, a pesar de que el grupo había solicitado acompañamiento policial para las labores de localización. “Siempre íbamos solas, con palas y con miedo”, dijo una integrante durante la vigilia improvisada que se organizó esa misma noche frente a la Catedral de Mazatlán.
La desaparición provocó reacciones inmediatas entre organizaciones de derechos humanos y redes nacionales de buscadoras. La Red de Defensoras DH México publicó un comunicado en el que exigió a las autoridades “garantizar su derecho a ser buscada con vida y de forma inmediata, incorporar su labor como defensora en la línea de investigación y brindar protección integral a su familia y a las demás integrantes de su colectivo”.
El reclamo se extendió a otros estados. Colectivos de Sonora, Baja California, Jalisco y Veracruz replicaron su fotografía bajo la etiqueta #BuscadoraDesaparecida y enviaron comunicados al Gobierno federal solicitando la intervención de la Comisión Nacional de Búsqueda.
Hasta la noche del martes, la Fiscalía de Sinaloa no había informado si había iniciado carpeta de investigación. El caso se mantenía únicamente en la esfera civil, sostenido por publicaciones en redes sociales, mensajes entre colectivos y reportes de prensa local.
En la colonia Salvador Allende, donde ocurrió el hecho, vecinos contaron que el vehículo implicado se detuvo apenas unos segundos. Ninguno logró anotar las placas. Uno de ellos declaró que escuchó gritos y luego el sonido del motor alejándose por una de las calles sin salida. Cuando salieron, la mujer ya no estaba.
Desde entonces, su madre y sus compañeras iniciaron por su cuenta los recorridos de búsqueda, acompañadas por voluntarios y habitantes de la zona. No hay rastros. Solo la incertidumbre.
El caso ocurre en un estado donde las buscadoras enfrentan uno de los escenarios más peligrosos del país. En Sinaloa operan al menos 26 colectivos activos, la mayoría sin escoltas ni respaldo de seguridad estatal. En los últimos cinco años, al menos 12 mujeres rastreadoras han sido amenazadas o agredidas por grupos delictivos, según registros de la Red Nacional de Defensoras.
El municipio de Mazatlán concentra una parte importante de las denuncias de desaparición. Entre enero y septiembre de este año se reportaron más de 400 personas no localizadas, de las cuales la mayoría son hombres jóvenes, aunque el número de mujeres desaparecidas ha crecido. Los colectivos aseguran que muchas familias evitan denunciar por miedo a represalias.
La desaparición de María de los Ángeles ocurre además en un contexto reciente de otros casos en el mismo municipio. El pasado 5 de octubre, fue reportada la desaparición de Carlos Emilio Galván Valenzuela, un joven de 21 años originario de Durango, visto por última vez en la zona del malecón. Había viajado a Mazatlán para celebrar su cumpleaños. Salió al baño de un restaurante-bar y no regresó. Desde entonces, tampoco se sabe nada de él.
Los colectivos han vinculado ambos casos solo por la coincidencia geográfica, aunque las autoridades aún no establecen relación alguna. Para las buscadoras, cada nuevo caso se convierte en otro recordatorio del riesgo que implica su labor.
María de los Ángeles participó en varias brigadas realizadas entre marzo y agosto de este año en zonas rurales del municipio. En cada búsqueda, documentaba las jornadas con fotografías y mensajes breves que compartía en redes sociales. En una de sus últimas publicaciones, escribió: “Encontrar a uno es darle paz a muchos.”
Hoy, esas mismas redes se han convertido en el principal canal de búsqueda para hallarla a ella.
El colectivo Corazones Unidos por la Misma Causa mantiene guardias permanentes afuera de la Vicefiscalía Regional del Sur, en espera de alguna noticia. Por la noche, decenas de mujeres encendieron veladoras sobre la banqueta y colocaron carteles con su rostro. “No descansaremos hasta encontrarla”, repitieron entre oraciones.
Familiares de la buscadora confirmaron que han recibido apoyo de organizaciones civiles, pero no del gobierno estatal. No se ha designado fiscal especial ni operativo de búsqueda formal. Tampoco hay indicios de que se active el protocolo para defensoras de derechos humanos en riesgo.
La desaparición de María de los Ángeles Valenzuela se suma a una larga lista de casos que reflejan la vulnerabilidad de quienes dedican su vida a buscar a otros. Mujeres que recorren montes, ríos y caminos con palas, cubetas y guantes, sin protección, sin recursos y muchas veces sin respaldo institucional.