La confianza en el suministro de agua potable es fundamental para la salud y el bienestar de cualquier comunidad. Sin embargo, en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, esta confianza se ha visto amenazada por denuncias de contaminación y una controversia creciente sobre la transparencia en la divulgación de información relevante.
Recientemente, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México generó polémica al anunciar la reserva por tres años de los documentos que contienen los resultados de las pruebas de laboratorio al agua contaminada en la mencionada alcaldía. Argumentaron que la divulgación podría generar "interpretaciones erróneas". Esta decisión desencadenó una serie de protestas y denuncias por parte de los vecinos, quienes exigieron respuestas claras y acciones concretas.
En respuesta a las preocupaciones de la comunidad, el juez octavo de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, Marín Santos, otorgó una suspensión provisional para que el Gobierno de la capital, el Sistema de Aguas y la Agencia Nacional de Protección al Medio Ambiente (Asea) garanticen el suministro de agua potable sin contaminantes. Esta medida cautelar fue recibida con alivio por parte de los vecinos afectados, quienes exigieron reparación del daño y acceso a información detallada sobre el estado del agua desde el año 2024.
Luciana León, integrante del equipo legal vecinal, destacó la necesidad de pruebas reales que demuestren la seguridad del agua, criticando las pruebas de PH proporcionadas por el gobierno como insuficientes. La falta de claridad sobre el tipo de contaminante presente en el agua ha generado incertidumbre y desconfianza entre los residentes de Benito Juárez, quienes exigen transparencia y responsabilidad por parte de las autoridades.
La reserva de información por parte del Sistema de Aguas también ha sido cuestionada por diversos sectores. Animal Político solicitó acceso a la información a través de una solicitud de transparencia, recibiendo como respuesta la preocupación de que la divulgación podría interferir con una investigación en curso sobre un presunto sabotaje al pozo Alfonso XIII. Sin embargo, los críticos consideran que esta reserva es una muestra de opacidad y falta de rendición de cuentas por parte del gobierno.
El bloque opositor ha instado al gobierno capitalino a revertir esta decisión. El diputado local del PAN, Raúl Torres, enfatizó la necesidad de intervención por parte del Instituto de Transparencia para garantizar el acceso a la información y la protección de la salud pública. Federico Döring, coordinador de los diputados panistas, señaló las dificultades enfrentadas por los residentes de Benito Juárez, quienes han tenido que recurrir a costosas alternativas de suministro de agua y han experimentado problemas de salud debido a la falta de claridad sobre la calidad del agua.
En medio de este conflicto, la comunidad de Benito Juárez espera respuestas concretas y acciones efectivas por parte de las autoridades. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para restaurar la confianza en el suministro de agua potable y garantizar la salud y el bienestar de todos los ciudadanos.
