La mañana de este viernes, en su conferencia presidencial realizada desde Chetumal, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abordó de lleno un tema que ha sacudido tanto a México como a Estados Unidos: el caso de corrupción en Petróleos Mexicanos (Pemex), en el que dos empresarios mexicanos fueron acusados por el Departamento de Justicia estadounidense de entregar relojes, bolsas de lujo y pagos en efectivo a funcionarios de la petrolera a cambio de contratos millonarios.
La mandataria federal fue enfática: los contratos presuntamente obtenidos mediante sobornos “no se llevaron a cabo”. Según su versión, la cancelación se hizo de inmediato en cuanto se detectó el intento de corrupción, durante la gestión de Octavio Romero Oropeza al frente de Pemex, hoy director general del Infonavit.
El anuncio desde Chetumal
El tema surgió tras la revelación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que señaló a Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, empresario de 46 años, y a Mario Alberto Ávila Lizárraga, político panista de 61, de haber pagado al menos 150 mil dólares en sobornos a tres funcionarios de Pemex y su filial Pemex Exploración y Producción entre 2019 y 2021.
De acuerdo con la acusación formal presentada en una Corte de Distrito en Texas, los sobornos incluyeron artículos de Louis Vuitton, relojes de la marca Hublot y entregas de dinero en efectivo. A cambio, los implicados buscaban asegurar contratos de construcción, mantenimiento de gasoductos y rehabilitación de plataformas terrestres.
Sheinbaum, acompañada de Romero Oropeza, aseguró que el caso fue detectado y frenado en su momento:
“Estos contratos no se llevaron a cabo. Hubo un intento de soborno. Los nombres y cómo ocurrió se informarán la próxima semana. Que se sepa qué pasó y quiénes fueron los que intentaron hacer el soborno”, señaló la mandataria.
La trama revelada en Estados Unidos
El lunes pasado, el Departamento de Justicia hizo pública la imputación contra ambos acusados, quienes residían legalmente en Texas desde 2016.
Rovirosa Martínez ya fue detenido en territorio estadounidense.
Ávila Lizárraga permanece prófugo de la justicia.
La acusación detalla que Rovirosa y Ávila operaban a través de una red de empresas, entre ellas Tubular Technology, con las que lograron contratos por al menos 746 millones de pesos (más de 35 millones de dólares) con Pemex. La acusación menciona al menos seis compañías ligadas a Rovirosa y tres “co-conspiradores” adicionales, cuyas identidades no han sido reveladas.
Entre los ejemplos descritos se encuentra un pago de 220 mil pesos en febrero de 2020 a dos funcionarios, con el objetivo de asegurar un contrato de “Caminos y Plataformas”. En marzo de ese mismo año, Tubular Technology firmó con Pemex un contrato por 30 millones de pesos para la rehabilitación de caminos y plataformas terrestres.
Otro soborno señalado estuvo vinculado a una auditoría de un contrato de “Mantenimiento de Gasoductos” que Rovirosa había ganado en 2013. Ese año, sus compañías obtuvieron adjudicaciones por 103 millones y 190 millones de pesos relacionadas con la inspección de ductos en las regiones Norte y Sur.
La respuesta del Gobierno mexicano
En la conferencia de prensa, la presidenta Sheinbaum dejó claro que el seguimiento del caso estará a cargo de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, quien ofrecerá la próxima semana un informe completo con los nombres y detalles del proceso.
“Sí, se tiene toda la información. Se dio información de las personas, una detenida y otra fugitiva, trabajó en Pemex, fue candidato del PAN. En el momento que se tuvo conocimiento, se suspendieron esos contratos”, atajó la presidenta.
Aunque Romero Oropeza estuvo presente en la conferencia, no respondió directamente a los cuestionamientos. Fue la presidenta quien tomó la palabra para confirmar la cancelación de los convenios vinculados con la red de sobornos.
Cómo operaba la red de corrupción
De acuerdo con la acusación estadounidense, los sobornos se entregaban a un auditor senior, un coordinador de adquisiciones y un encargado de infraestructura terrestre de Pemex. Las comunicaciones entre los empresarios y los funcionarios se realizaban principalmente por WhatsApp, con mensajes descritos como familiares y frecuentes, lo que revela un esquema ya consolidado de intercambio de favores.
El documento judicial describe que entre junio de 2019 y octubre de 2021, los implicados entregaron no solo dinero, sino también artículos de lujo como bolsas y relojes, a fin de asegurar que auditorías fueran cerradas favorablemente y que contratos multimillonarios fueran adjudicados a sus empresas.
El trasfondo político
Uno de los acusados, Mario Alberto Ávila Lizárraga, además de empresario, fue candidato del Partido Acción Nacional (PAN) y trabajó en Pemex en el pasado. Su rol en la red era gestionar los contactos con los funcionarios de la petrolera, mientras que Rovirosa controlaba las compañías beneficiadas.
El caso ha generado cuestionamientos sobre el sistema de control interno de Pemex durante el sexenio pasado, dado que los sobornos ocurrieron cuando Andrés Manuel López Obrador era presidente y Romero Oropeza dirigía la empresa.
Los contratos cancelados
Aunque la presidenta ha insistido en que los contratos se cancelaron antes de ejecutarse, los registros públicos muestran que las empresas relacionadas con Rovirosa recibieron adjudicaciones desde 2011 y que, al menos hasta 2020, continuaban obteniendo convenios relevantes con la petrolera.
El portal de transparencia de Pemex documenta que Tubular Technology y otras compañías de la red lograron contratos para mantenimiento de pozos, gasoductos y obras complementarias, con montos que coinciden con los señalados en la acusación estadounidense.
La revelación de que los contratos sumaban más de 746 millones de pesos ha generado presión pública para que se dé a conocer con precisión qué convenios fueron cancelados y cuáles alcanzaron a ejecutarse antes de que estallara el caso.
Lo que sigue
La presidenta adelantó que la próxima semana se revelarán más detalles del caso, incluidos los nombres de los funcionarios de Pemex que recibieron los sobornos y las medidas que se tomaron en su contra.
El proceso judicial contra Rovirosa y Ávila en Estados Unidos continuará en los próximos meses, con cargos por conspiración y violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Ambos enfrentan hasta 20 años de prisión en caso de ser declarados culpables.
