Felipe Calderón fue denunciado junto a los exfuncionarios de su gobierno por una presunta responsabilidad en delitos de abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público, usurpación de funciones y lo que resulte por la construcción de la Estela de Luz.
Gabriel Regino es un abogado que desde finales del sexenio del expresidente panista defiende a ocho personas de la empresa II Servicios. A estos ciudadanos los acusan de cobrar un sobreprecio de mil 100 millones de pesos por la Estela de Luz.
Sin embargo, el abogado fue muy claro, pues asegura que los culpables no son sus clientes, más bien se trata del expresidente y los exfuncionarios ligados a la obra.
“En el año 2009, el gobierno federal tomó la decisión de convocar a un concurso para elegir y decidir la construcción de un monumento que sirviese para celebrar el bicentenario de la independencia de México y la Revolución. De esa convocatoria resultó ganador un talentoso arquitecto mexicano que propuso la construcción de la Estela de Luz. A partir de ese momento, 2009, la oficina de la Presidencia de la República del sexenio de Felipe Calderón, a cargo de Patricia Flores Elizondo, se hizo cargo de la conducción y dirección de dicho proyecto, un proyecto que nosotros estimamos ya existía la decisión y determinación del desvío de recursos públicos”, expresó, según los datos del periódico Milenio.
El abogado aseguró que uno de los altos mandos de III Servicios fue orillado a presentar su renuncia para que entrara en ese puesto Agustín Castro Benítez, una persona cercana a Felipe Calderón.
A partir de ese nombramiento iniciaron las reuniones con la jefa de la oficina de presidencia, Patricia Flores, quien instruyó que se realizara un comité para que se autorizara la construcción de la Estela de Luz por un procedimiento de invitación restringida a varias empresas y no por licitación pública.
