Joaquín Guzmán López, conocido como “El Güero” o “El Güero Moreno”, continúa negociando su futuro con las autoridades de Estados Unidos y es que por tercera ocasión desde su llegada a ese país, su audiencia presencial volvió a posponerse.
Estaba programada para el 13 de noviembre y fue reprogramada para el 1 de diciembre, de acuerdo con la minuta judicial emitida por la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois, en Chicago.
La decisión lleva la firma de la jueza Sharon Johnson Coleman, quien dio visto bueno al aplazamiento tras una solicitud conjunta entre la defensa y la fiscalía. Es el mismo patrón que se repite desde hace meses. Primero se aplazó en julio, después en septiembre, y ahora nuevamente en noviembre.
La razón oficial no se detalla, pero los documentos judiciales apuntan a que las negociaciones siguen abiertas.
El hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán y de Griselda López es señalado como uno de los líderes visibles de “Los Chapitos”, la facción del Cártel de Sinaloa que heredó el control del tráfico de fentanilo y metanfetaminas hacia Estados Unidos.
Aunque su nombre no figuraba entre los más buscados de la DEA, el Departamento de Justicia estadounidense lo identifica como “integrante de alto rango de una organización criminal internacional”.
Fue el 25 de julio del año pasado cuando, un avión privado aterrizó en el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México. A bordo iban dos hombres: Joaquín Guzmán López e Ismael “El Mayo” Zambada, el legendario narcotraficante mexicano e identificado como “padrino” de “Los Chapitos”
En un principio, los reportes oficiales señalaron que ambos se habrían entregado de manera a las autoridades estadounidenses, sin embrgo después se supo que “El Mayo” fue secuestrado por Joaquín, para entregarlo a la justicia norteamericana, En el caso del llamado “Güero Moreno“, su acción fue interpretada por los expertos como una salida pactada, una jugada calculada antes de caer por la fuerza.
Minutos después de tocar tierra, agentes del FBI y del Departamento de Justicia los arrestaron y los trasladaron a El Paso, Texas.
Desde entonces, Guzmán López quedó bajo custodia federal. Primero fue recluido en el Centro Correccional Metropolitano de Chicago. Semanas después, su abogado Jeffrey Lichtman —el mismo que representó a “El Chapo” en Nueva York— solicitó su traslado a otra prisión, argumentando condiciones inhumanas en el penal.
Hoy su paradero exacto se mantiene reservado, aunque continúa bajo custodia del Buró Federal de Prisiones.
En su primera comparecencia ante la corte, se declaró no culpable de los cargos y desde entonces no ha vuelto a pisar una sala de audiencias. Cada cita se aplaza, cada fecha se mueve y con cada movimiento, crecen las versiones de que Guzmán López negocia un acuerdo con la fiscalía que podría reducir su condena a cambio de colaboración.
El expediente es extenso.
En 2018, un gran jurado federal en Washington lo acusó junto con su hermano Ovidio Guzmán López por conspirar para distribuir cocaína, metanfetamina y marihuana. Desde entonces, su nombre aparece vinculado a una “empresa criminal continua” —una estructura de tráfico y lavado de dinero que operaba desde Sinaloa hasta los Estados Unidos—.
La fiscalía le atribuye ocho cargos federales, entre ellos conspiración para traficar fentanilo, heroína y metanfetamina; posesión de armas de fuego y blanqueo de capitales.
El caso está a cargo del fiscal Andrew S. Boutros, y aunque los delitos podrían implicar cadena perpetua, el Departamento de Justicia ya notificó oficialmente que no pedirá la pena de muerte.
El proceso judicial ha avanzado más en el papel que en la corte.
La primera fecha estaba prevista para el 15 de julio de 2025, pero se aplazó al 15 de septiembre. Luego, el 15 de septiembre se pospuso al 13 de noviembre y este mes, una vez más, la corte informó que se reprogramará al 1 de diciembre. La constante sin explicación de por medio es únicamente el silencio procesal y el tiempo que corre a favor de las negociaciones.
Es en este mismo periodo que su hermano Ovidio Guzmán, alias “El Ratón”, se declaró culpable de cuatro cargos de narcotráfico como parte de un acuerdo paralelo con el gobierno estadounidense.
Un mes después, Ismael “El Mayo” Zambada aceptó cargos por narcotráfico y lavado en una corte de Nueva York.
Ambos procesos apuntan en la misma dirección: cooperación, reducción de penas y un reacomodo dentro de la estructura del cártel.
Sin embargo, mientras Guzmán López permanece recluido, el Cártel de Sinaloa continúa fragmentado pues “Los Chapitos” enfrentan a la facción de “La Mayiza”, heredera de “El Mayo” Zambada, en una pugna que ya dejó cientos de muertos en Sinaloa.
Por su parte el gobierno de Estados Unidos mantiene abiertas más de 20 acusaciones contra operadores de ambos grupos, y ha ofrecido recompensas millonarias por sus líderes.
En México, la Fiscalía General de la República mantiene una investigación paralela. No por narcotráfico, sino por traición a la patria, al considerar que Guzmán López habría colaborado en la entrega forzada de “El Mayo” Zambada a las autoridades estadounidenses.
Sin embargo, hasta ahora, no existe orden de captura en su contra dentro del país.
En tanto, Joaquín Guzmán López, de 38 años, espera su siguiente cita ante la jueza Sharon Johnson Coleman.
El tribunal de Chicago mantiene la sesión del 1 de diciembre como fecha tentativa, pero ni su defensa ni la fiscalía han confirmado si será la definitiva. Así, en los pasillos judiciales de Illinois se habla de un proceso silencioso, de reuniones a puerta cerrada y de un acuerdo que podría cambiar el rumbo del juicio.
Mientras tanto, El Güero Guzmán sigue bajo custodia federal, sin condena, sin pena de muerte a la vista y con una historia que, al menos por ahora, se sigue escribiendo entre aplazamientos y negociaciones.
