Las ciudades santuario se han convertido en uno de los principales puntos de choque entre los gobiernos locales y la administración federal en Estados Unidos. Aunque no existe una definición legal única, el término se usa para describir a las ciudades que han adoptado políticas para limitar su cooperación con las agencias federales de migración y así proteger a las personas migrantes, en especial a quienes no tienen documentos.
Los gobiernos locales empezaron a adoptar políticas de santuario en la década de 1980, cuando las iglesias ofrecieron refugio a las personas que huían de la guerra civil en El Salvador. Esta práctica ha atraído cada vez más atención en la última década, a medida que la migración se convertía en un tema más importante para los votantes.
De acuerdo con el Center for Immigration Studies, en Estados Unidos hay cerca de 230 estados, condados y ciudades. Entre las principales ciudades santuario se encuentran Nueva York, Chicago, Los Ángeles y San Francisco. En estos lugares existen ordenanzas que prohíben utilizar recursos municipales como patrullas, personal o bases de datos para hacer cumplir las leyes migratorias federales. Las policías locales no preguntan de forma rutinaria por el estatus migratorio y no detienen a personas solo por faltas administrativas relacionadas con migración.
Una de las medidas más importantes es que las autoridades locales solo entregan a personas indocumentadas al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) si existe una orden judicial federal o si la persona fue condenada por un delito grave. Esto evita que infracciones menores, como una falta de tránsito, terminen en procesos de deportación. Además, muchas ciudades instruyen a escuelas, hospitales y dependencias de servicios sociales a no compartir información migratoria con agencias federales, para que las personas migrantes puedan acudir a estos espacios sin miedo.
Las autoridades que defienden estas políticas señalan que su objetivo es cuidar a la población migrante y al mismo tiempo fortalecer la seguridad pública. Argumentan que, si las personas migrantes confían en la policía y en las instituciones locales, es más probable que denuncien delitos, colaboren como testigos y usen servicios de salud o educación. Diversos estudios han señalado que los índices de criminalidad suelen ser más bajos en los condados que aplican políticas santuario que en aquellos que no las tienen.
Sin embargo, las políticas santuario también tienen fuertes críticos. Para sus opositores, estas medidas dificultan que las autoridades federales localicen y deporten a personas que han cometido delitos y ponen en riesgo a la población. Con el regreso de Donald Trump a la presidencia, la confrontación se ha intensificado. Su gobierno ha prometido una política migratoria de “mano dura” y deportaciones masivas.
Autoridades locales están respondiendo a la presión federal es el caso de Virginia, donde la nueva gobernadora demócrata Abigail Spanberger derogó en su primer día en el cargo una orden que obligaba a las fuerzas del estado a colaborar con (ICE). Con esto, puso fin a una política del gobierno anterior que destinaba recursos estatales a aplicar leyes migratorias y firmó una nueva directriz para que la policía estatal y las agencias penitenciarias se concentren en la seguridad pública comunitaria, en lugar de actuar como brazo operativo de ICE, aunque algunos acuerdos vigentes tardarán más en ser desactivados formalmente.
Altos funcionarios han advertido que las ciudades santuario no detendrán las acciones federales. Incluso, un memorando reciente del Departamento de Justicia ordenó a los fiscales investigar y procesar a autoridades estatales y locales que no cumplan con las nuevas directrices migratorias, lo que abre la puerta a enfrentamientos legales entre el gobierno federal y las ciudades que protegen a migrantes.
Actualmente se calcula que en Estados Unidos viven alrededor de 14 millones de personas migrantes indocumentadas. Muchas de ellas tienen años viviendo en las ciudades santuario, donde han formado familias, tienen hijos nacidos en territorio estadounidense y participan activamente en la economía local.
Además de las grandes ciudades, varios estados respaldan este tipo de políticas, entre ellos California, Nueva York, Illinois, Nueva Jersey, Oregón y Washington. En contraste, estados como Texas, Florida, Georgia y Tennessee han aprobado leyes “antisantuario” que obligan a las policías locales a colaborar con las autoridades federales de migración.
Así, las ciudades santuario representan no solo un refugio para millones de migrantes, sino también uno de los principales escenarios de disputa política y legal en Estados Unidos, donde se enfrentan dos visiones: la de los gobiernos locales que buscan proteger a su población migrante y la de una administración federal que impulsa una política de control y deportación más estricta.
