La escena se escribió en Washington, pero el eco golpeó directo al corazón de la política mexicana… El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el jueves 18 de septiembre un paquete de sanciones contra la facción Los Mayos del Cártel de Sinaloa. Entre operadores financieros, empresarios y viejos aliados del clan Arzate, apareció un nombre inesperado: Hilda Araceli Brown Figueredo, diputada federal de Morena y exalcaldesa de Playas de Rosarito, Baja California.
El golpe no fue solo judicial. Para Morena, partido en el poder, significó un gancho al hígado: una legisladora en funciones, parte del movimiento de la Cuarta Transformación, quedó exhibida en la misma lista de narcotraficantes, lavadores de dinero y líderes armados. Y la acusación no vino de opositores locales, sino del propio gobierno de Estados Unidos, que colocó su nombre en la Lista de Nacionales Especialmente Designados de la OFAC.
El anuncio en Washington
El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, se trasladó a la frontera para hacer el anuncio. Desde ahí, declaró que el Cártel de Sinaloa era una “organización terrorista extranjera” que no solo traficaba fentanilo, cocaína y metanfetaminas, sino que además “corrompía funcionarios locales” y usaba su influencia para controlar gobiernos municipales…
Ese mismo jueves, mientras Hurley lanzaba la advertencia, en México el nombre de Brown comenzaba a multiplicarse en titulares, boletines y redes sociales. No se trataba de un rumor: el comunicado oficial del Tesoro ligaba directamente a la legisladora con una red de extorsión, lavado y protección política en Rosarito, en coordinación con operadores identificados de Los Mayos, entre ellos Candelario Arcega Aguirre, alias El Cande; el empresario Jesús González Lomelí; y los hermanos Mario y Karlo Herrera Sánchez.
El peso de la acusación
Según el Tesoro, Brown no fue un simple contacto social. La describen como un pivote político que permitió a Arcega y González “controlar partes del gobierno municipal y colocar a sus aliados en puestos de alto nivel durante su presidencia en Rosarito”. Más aún: la acusan de participar junto a ellos en la recaudación de pagos de extorsión para los hermanos René y Alfonso Arzate García, alias La Rana y Aquiles, señalados jefes de plaza del Cártel de Sinaloa en Baja California.
El comunicado de la OFAC enumera con detalle: extorsiones, manejo de operaciones locales y protección de actividades criminales por parte del Departamento de Seguridad Pública de Rosarito. Todo, durante el periodo en que Brown encabezó la alcaldía y, más tarde, en su paso hacia la diputación federal por el Distrito 9 de Baja California bajo las siglas de Morena.
El listado negro
La designación incluyó a siete personas y quince empresas. El documento oficial publicado en español no dejó cabos sueltos: junto al nombre de Hilda Araceli Brown Figueredo aparecen su fecha de nacimiento (2 de octubre de 1970), CURP y pasaporte mexicano. Lo mismo ocurre con Arcega, los Herrera, González Lomelí, Carlos Alberto Páez Pereda —líder de la banda violenta “Los Rugrats” en Laguna Colorada, Sinaloa— y Juan José Ponce Félix, alias El Ruso, jefe armado de Los Mayos.
En el capítulo de entidades, la lista es igual de explícita: Bombay Beach Club, Coco Beach Bar, Mariscos El Caimán, Cavally Antro & Bar, Sunset Servicios Gastronómicos, Grupo JRCP, Grupo Hotelero JJJ, Complejo Turístico JJJ, Operadora J&R, Veintiuno Mexicali, Sabor Tapatío, Gotoco Alimentos Procesados, Operadora de Alimentos con Orígenes de México, JJ Gonver y Alimentos y Diversión Insurgentes. Todos, vinculados a González y, según OFAC, utilizados para lavar millones de dólares del Cártel de Sinaloa.
La respuesta en México
Al día siguiente, en la conferencia mañanera desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada de frente. Su respuesta marcó distancia:
“Fue una decisión de las instituciones del Gobierno de Estados Unidos, del Departamento del Tesoro. Aquí, la UIF consideró que no había pruebas suficientes para proceder. No presentaron las pruebas necesarias para congelar cuentas en México.”
Con esa frase, Sheinbaum buscó contener el impacto político: no negó la existencia de las sanciones, pero sí la falta de sustento en territorio nacional. Dejó claro que, si Estados Unidos entrega pruebas sólidas, la Fiscalía General de la República abriría una investigación.
La mandataria insistió en que “no se protegerá a nadie”, pero, de momento, Brown sigue en funciones como diputada federal de Morena, sin proceso judicial abierto en México.
Baja California bajo presión
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, también fue interrogada. Desde su propio espacio, se limitó a reconocer el anuncio de Washington y pidió esperar información oficial. “No tenemos más información. Es un tema federal”, dijo.
El secretario de Seguridad estatal, Laureano Carrillo, respaldó la postura: “Es un tema del orden federal… estamos analizando la información”.
La gobernadora aclaró que conocía a Brown como “compañera de movimiento”, pero evitó mayores señalamientos. Lo que sí subrayó fue la “buena coordinación con Estados Unidos en temas de seguridad”, consciente de que el caso afecta directamente a su estado, epicentro de la red que describe el Tesoro.
La defensa de Brow
La diputada morenista respondió en sus redes sociales. Negó que sus cuentas estuvieran bloqueadas y calificó las acusaciones como una infamia. En un mensaje en Facebook, escribió:
“Los que tienen confianza en mí, ustedes son testigos de cómo hemos luchado juntos por la transformación, contra la corrupción. Mi compromiso siempre ha sido con el movimiento; seguramente, como consecuencia de esta lucha, soy objeto de una infamia que pretende desacreditarme.”
Con ese texto, buscó desmarcarse de los señalamientos y presentarse como víctima de una maniobra política.
El trasfondo: Los Mayos vs. Los Chapitos
El Tesoro contextualizó la sanción dentro de la guerra interna del Cártel de Sinaloa. Desde la caída de El Chapo y el debilitamiento de El Mayo Zambada, el cártel se fragmentó en dos facciones principales: Los Chapitos y Los Mayos.
La OFAC ya había sancionado en junio pasado a los hijos de Joaquín Guzmán Loera. Ahora, el blanco fue la red de Los Mayos en Baja California, donde Rosarito funciona como corredor clave para el trasiego hacia Estados Unidos. En esa red, la figura de Brown aparece como la conexión política que permitió al grupo insertarse en el poder municipal.
Implicaciones en México y Estados Unidos
Las sanciones no se quedaron en un comunicado técnico. En la práctica, significan que todo bien, propiedad o cuenta bancaria de Brown y de los demás designados que toque suelo estadounidense queda automáticamente congelado. Ningún banco ni empresa de ese país puede hacer negocios con ellos… ni directa ni indirectamente.
En México, el alcance es distinto. La UIF confirmó que aplicó un “bloqueo administrativo” a las personas físicas y morales mencionadas, una especie de candado inmediato para que no puedan mover dinero en el sistema financiero nacional mientras se revisa la información. Pero al mismo tiempo aclaró: no es un juicio, ni una condena, ni siquiera una imputación penal. Es una medida preventiva que sólo se convierte en proceso si la FGR abre una carpeta formal.
El contraste es evidente. En Washington ya la colocaron en la lista negra junto a operadores y sicarios del Cártel de Sinaloa. En México, por ahora, el expediente está vacío. Esa diferencia jurídica es la que permitió a Sheinbaum insistir en que “no hay pruebas suficientes”, pero también deja abierta la puerta: si Estados Unidos entrega evidencias concretas, la FGR tendría que entrar al caso… y entonces la historia pasaría de las listas a los tribunales.
Qué sigue
El caso abre un frente incómodo para Morena. La presidenta Sheinbaum busca marcar distancia y condicionar cualquier acción a la entrega de pruebas por parte de Washington. La gobernadora de Baja California guarda silencio prudente. La UIF se mueve en el terreno técnico. Y Brown insiste en su inocencia.
Pero la mancha ya quedó registrada. La diputada federal de Morena aparece oficialmente en la Lista de Nacionales Especialmente Designados de la OFAC. El documento es público, oficial y respaldado por agencias como la DEA, el FBI y la Fiscalía del Distrito Sur de California.
El desenlace dependerá de si Estados Unidos comparte pruebas judicializables con México… y de si la FGR abre un expediente formal. Mientras tanto, el golpe político ya está dado. Para la narrativa de Washington, Morena tiene una diputada ligada al Cártel de Sinaloa, en la facción de Los Mayos. Y ese señalamiento, más allá de tribunales, pesa como una losa en el tablero político mexicano.
