El gobierno de Estados Unidos atraviesa su cierre más prolongado en la historia del país, al cumplirse 36 días sin acuerdo entre la Casa Blanca y el Congreso. Sin mostrar disposición al diálogo, el presidente Donald Trump ha optado por intensificar la presión sobre los demócratas y advertir sobre posibles consecuencias económicas y sociales en los próximos días.
Desde hace más de un mes, miles de empleados federales permanecen suspendidos o trabajando sin recibir salario, mientras servicios esenciales operan al límite. Pese al impacto nacional, Trump no ha reanudado negociaciones formales con los líderes del Congreso y ha preferido mantener una postura desafiante frente a la oposición demócrata.
El martes, el presidente amenazó con suspender los subsidios alimentarios del programa SNAP, que benefician a más de 42 millones de estadounidenses, incluidos 16 millones de niños, hasta que el Congreso apruebe su propuesta presupuestal. Aunque la Casa Blanca posteriormente rectificó, asegurando que acataría la orden judicial que obliga a mantener los pagos, el mensaje encendió alarmas en todo el país.
En paralelo, el secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió que el cierre podría provocar “caos masivo” en los aeropuertos por la falta de controladores aéreos, incluso con el riesgo de cerrar parte del espacio aéreo nacional si la crisis continúa.
A ello se suma la incertidumbre entre los trabajadores federales suspendidos, quienes aún no reciben garantías del pago retroactivo de sus sueldos. Aunque la ley lo exige, la Casa Blanca no se ha comprometido públicamente a cumplir con esa obligación.
El estancamiento supera ya el récord anterior de 34 días —también durante el primer mandato de Trump— y se ha convertido en un símbolo del bloqueo político que paraliza a Washington. Según su vocera, Karoline Leavitt, la responsabilidad del cierre recae en los demócratas por “negarse a respaldar el plan republicano” de gasto temporal.
“Los demócratas están perjudicando intencionalmente a las familias y a las empresas estadounidenses con este cierre”, dijo Leavitt, al reiterar que el presidente “seguirá presionando para que los republicanos mantengan su voto unido”.
Fuentes internas señalan que Trump busca desgastar políticamente a la oposición y forzarla a ceder en torno a los subsidios de salud y otras partidas sociales que los demócratas exigen mantener.
El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, responsabilizó directamente al presidente del caos actual.
“La culpa de este cierre recae sobre sus hombros”, afirmó. “Trump se ha negado a hablar con nosotros”.
Por su parte, el representante Hakeem Jeffries, también demócrata por Nueva York, acusó a la administración republicana de “crueldad y abuso de poder” por retener recursos destinados a millones de familias vulnerables.
“Donald Trump está reteniendo ilegalmente miles de millones de dólares en beneficios del SNAP”, señaló. “No hay motivos para el optimismo mientras el presidente siga infligiendo dolor al pueblo estadounidense”.
Encuestas recientes muestran que la mayoría de los estadounidenses culpan a los republicanos por el cierre. Sin embargo, el gobierno confía en que la prolongación de la crisis debilitará el apoyo a los demócratas, especialmente entre los sindicatos y trabajadores públicos.
El senador republicano John Thune reconoció el desgaste institucional: “Los cierres son estúpidos. Nadie gana”.
Mientras tanto, los efectos del paro se expanden: agencias sin fondos, aeropuertos con retrasos, trabajadores sin sueldo y millones de beneficiarios en riesgo de perder apoyos básicos.
En medio del caos, la Casa Blanca insiste en que el cierre continuará hasta que los demócratas aprueben la ley de gasto temporal propuesta por Trump.
La pregunta que domina Washington es una sola: ¿hasta dónde está dispuesto el presidente a llevar la crisis más larga del gobierno estadounidense moderno?
