En un clima de creciente tensión en Minneapolis, Minnesota, el presidente Donald Trump ha vuelto a poner sobre la mesa la Ley de Insurrección, una norma histórica poco usada que data de fines del siglo XVIII, proponiendo su posible invocación para enviar fuerzas federales en respuesta a las protestas que han estallado tras el uso de la fuerza por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La situación se ha visto marcada no solo por el choque institucional entre Washington y las autoridades locales demócratas, sino también por hechos de violencia directa como la agresión al influencer ultraderechista Jake Lang durante una contraprotesta.
La Ley de Insurrección (Insurrection Act) exime a las fuerzas armadas federales de las restricciones de la Ley Posse Comitatus, permitiendo al presidente desplegar tropas o federalizar a la Guardia Nacional si considera que los disturbios o actos de violencia superan la capacidad de las autoridades civiles para mantener el orden. Trump ha argumentado en redes sociales que podría invocar esta ley si “políticos corruptos de Minnesota” no contienen a los “agitadores e insurrectos”, tratándose ya de un posible militarización.
El epicentro del malestar ha sido Minneapolis, donde las manifestaciones se intensificaron tras la muerte de la ciudadana Renee Nicole Good a manos de un agente del ICE el 7 de enero, un hecho que detonó protestas masivas y enfrentamientos con las fuerzas del orden.
En medio de este escenario, el influencer de extrema derecha Jake Lang, conocido por su apoyo explícito a ICE y su retórica incendiaria, fue objeto de agresiones durante una contraprotesta en apoyo a los operativos migratorios. Videos e informes locales muestran que Lang fue empujado, golpeado y forzado a retirarse entre abucheos y resistencias de grupos contrarios a su ideología.
El episodio de Lang ha encendido aún más las alarmas sobre el aumento de la polarización en Estados Unidos, donde figuras mediáticas y políticas se encuentran en el centro de un debate que supera lo migratorio para tocar fibras profundas de división social y política. Mientras tanto, la posibilidad de que Trump active una ley centenaria para controlar protestas civiles continúa generando controversia nacional e internacional.
