Un juez de control vinculó a proceso a Jareth Roberto “H.” por su presunta participación material en el asesinato del delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna. La autoridad ratificó la legalidad de la detención, impuso prisión preventiva justificada y ordenó su traslado al Cefereso No. 1 “Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México. El Ministerio Público Federal contará con cuatro meses para la investigación complementaria.
La FGR informó que Jareth Roberto “H.” fue capturado en Reynosa y que, durante el operativo, se aseguraron armas largas, cargadores, cartuchos y droga. En comunicados previos, la institución precisó que de los dispositivos electrónicos asegurados al detenido se obtuvieron datos que lo ubican directamente en la agresión; además, lo identifica como integrante de “Los Metros”, facción del Cártel del Golfo vinculada al huachicol fiscal en la región.
El crimen ocurrió la tarde del lunes 4 de agosto, cuando Vázquez Reyna circulaba por el bulevar Miguel Hidalgo en Reynosa. De acuerdo con los primeros reportes, un comando lo atacó de forma directa con granadas y disparos, provocando su muerte en el lugar. Un día después, la FGR fijó como línea principal de indagatoria la reacción de la delincuencia organizada por golpes recientes al combustible robado: el 26 de julio se aseguraron más de 1.8 millones de litros y equipo asociado (tractocamiones, motobombas y tanques móviles).
En la audiencia, el juez confirmó que la aprehensión se realizó dentro de los parámetros de legalidad, dictó la vinculación a proceso y fijó la medida cautelar más restrictiva por riesgo procesal. La causa seguirá su curso en sede federal bajo reserva de datos sensibles. Paralelamente, el Gabinete de Seguridad y autoridades de Tamaulipas mantienen apoyo operativo en la investigación, en un contexto donde CDG y CDN han disputado el noreste del país durante años.
Ahora en los próximos cuatro meses, la FGR deberá desahogar peritajes, analizar comunicaciones extraídas de los teléfonos asegurados y cerrar trazas balísticas para robustecer la teoría del caso. La defensa de las víctimas solicitará que se mantenga el Altiplano como sede de reclusión y que se incorporen agravantes si se acredita participación de más personas.
Al cierre de la investigación complementaria, el Ministerio Público definirá si judicializa cargos adicionales (como homicidio calificado con calificativas específicas o delitos vinculados a armas de uso exclusivo) y pedirá fecha para auto de apertura a juicio. La familia y compañeros de la FGR exigen lo obvio: celeridad, fallos fundados y cero impunidad.
