La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, enfrentó nuevamente cuestionamientos sobre la presunta “Operación Acordeón”, un esquema denunciado por organizaciones y medios, en el que se habrían utilizado recursos públicos para imprimir y distribuir folletos con listas de candidatos sugeridos en la elección judicial. Durante su comparecencia en el Senado, Montiel reiteró que los programas sociales “no se usan con fines electorales”, afirmando que son un derecho constitucional y que su administración opera con total transparencia.
Sin embargo, evitó responder directamente sobre el presunto pago para la producción de estos materiales. Cuando legisladores le solicitaron aclarar si la Secretaría financió los llamados "acordeones", Montiel eludió la pregunta y centró su intervención en criticar a la oposición, instándolos a definir si apoyan o no los programas de Bienestar. Su postura, firme pero evasiva en lo específico, ha reavivado el debate público.
El caso surgió tras reportes de Proceso y del Proyecto Justicia Común (Projuc), que documentaron un contrato por 429 millones de pesos con una empresa de impresión, firmado bajo un procedimiento abreviado y de urgencia. Oficialmente, el contrato era para materiales de programas sociales durante la veda electoral, pero los folletos coincidían con los “acordeones” repartidos masivamente, según las denuncias.
Las acusaciones señalan además supuestas irregularidades: uso de servidores de la nación para el reparto, coincidencia entre los candidatos sugeridos y los ganadores, y una posible estrategia de operación territorial.
Aunque el INE abrió investigaciones y emitió sanciones iniciales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) terminó por revocar las multas, al considerar que no había evidencia suficiente de que los materiales influyeran directamente en el voto ni que hubieran sido producidos por los candidatos, clasificándolos como propaganda de “terceros”.
Mientras las denuncias continúan generando tensión política, la falta de respuestas claras por parte de Montiel deja abierto el debate sobre la transparencia en el manejo de recursos públicos en procesos electorales. El caso, lejos de cerrarse, sigue bajo la lupa ciudadana y mediática.
