
Jueves 25 de agosto del 2011, Monterrey, Nuevo León.
Eran las 3 de la tarde con 15 minutos. Al menos 15 hombres armados bajaron de 4 camionetas y comenzaron a rociar gasolina para después prenderle fuego al casino Royal ubicado en la avenida San Jerónimo.
Era un día cualquiera, decenas de personas se encontraban en las instalaciones, comiendo, tomando algún trago y jugando apuestas. De pronto, el establecimiento comenzó a llenarse de humo y las llamas trepaban por las paredes, dejando sin posibilidades de escapar a la gente.
Al paso de los minutos, los cuerpos comenzaban a caer, algunos intoxicados, otros calcinados. El saldo de aquella fatídica tarde fue de 10 heridos y 52 personas fallecidas, entre ellas dos mujeres embarazadas.
¿Cuál fue el motivo de este ataque? Según las investigaciones, los dueños del lugar no pagaron la cuota semanal de 130 mil pesos como cobro de piso. Los artífices de esta masacre fueron integrantes del cártel de Los Zetas.
Algunas personas que trataron de escapar del calor y la lumbre, se toparon con pared, pues los agresores bloquearon las puertas de seguridad para evitar que el lugar se vaciara de forma adecuada.
Felipe Calderón, era el presidente en turno. Calificó la tragedia como un acto de terrorismo, por lo que decretó tres días de luto nacional tras el incidente.
El gobierno estatal tampoco daba crédito de lo que se vivió esa tarde, y prometió trabajar para dar con los responsables.
En un principio, la Procuraduría General de la República ubicó a 18 sospechosos de haber estado involucrados en el atentado. Sin embargo, familiares han denunciado que se conocen solo tres personas que han sido sentenciadas de manera oficial, mientras que otras 15 siguen en proceso de sentencia.
El 12 de octubre de 2011 en Saltillo, Coahuila, dos meses después del ataque al casino, Carlos Alberto Oliva Castillo, alias La Rana, alto mando de Los Zetas, fue identificado como el autor intelectual del ataque al casino. Al poco tiempo se convirtió en testigo protegido de la entonces Procuraduría General de la República durante el gobierno de Felipe Calderón.
75, 100 y hasta 127 años de prisión fueron las penas impuestas por jueces en contra de los primeros detenidos por el ataque.
El inmueble quedó totalmente calcinado, inservible. Años después fue demolido para abrir paso a una tienda de productos para el hogar. Sin embargo, familiares de las víctimas levantaron un monumento que rinde honor a las personas que ahí perdieron la vida, mismo que cada año es visitado con exigencias de justicia.
Han pasado 14 años de aquella tragedia. A manera de protesta los familiares retiraron la corona que fue colocada por el Gobierno del Estado sobre el memorial.
En la capital regiomontana, familiares de las víctimas acudieron a colocar una corona fúnebre y velas a manera de ofrenda hacia sus seres queridos. Ahora ya buscan ayuda de Estados Unidos para que no haya impunidad.