Christian Nava Sánchez apenas había pedido su desayuno. Se sentó en una de las mesas del restaurante Vips, ubicado en la colonia Cuautlixco, en Cuautla, Morelos. Eran las 8:20 de la mañana del miércoles 6 de agosto. Afuera, la avenida Reforma comenzaba a llenarse de tráfico. Adentro, un sicario se acercó caminando hasta su mesa y le disparó en múltiples ocasiones a quemarropa. No hubo tiempo para que reaccionara. El cuerpo del asesor del alcalde Jesús Corona Damián quedó recostado sobre la silla, con los impactos visibles en el torso y el rostro.
El ataque duró menos de un minuto. Los clientes del restaurante corrieron a refugiarse. Algunos gritaron. Otros grabaron con sus teléfonos. Cuando llegaron los paramédicos, ya nada se podía hacer. El asesor del alcalde había muerto en el acto. La policía municipal y elementos estatales cercaron el lugar, pero el agresor ya había escapado.
Christian Nava, exdiputado federal suplente por el PRI en la LXI Legislatura y asesor del presidente municipal de Cuautla, se convirtió en la víctima más reciente de una ola de violencia que no cede en el oriente de Morelos, una región disputada por grupos del crimen organizado y señalada desde hace meses por su inestabilidad política y su infiltración delictiva.
Una ejecución que rompe los protocolos
El asesinato ocurrió en un sitio público, a plena luz del día, y contra una figura visible del ayuntamiento. De inmediato, el crimen generó conmoción no solo por la trayectoria de la víctima, sino por lo que representa: una nueva escalada en los ataques directos contra funcionarios locales en Morelos.
Es también el segundo atentado contra un miembro del gobierno de Cuautla en apenas un mes. El 2 de julio pasado, el secretario del Ayuntamiento, Alfredo Escalona Arias, fue atacado a balazos mientras se encontraba en las inmediaciones del Sistema de Agua Potable del municipio. Escalona sobrevivió en un primer momento, pero falleció días después en el hospital.
Ambos atentados comparten un patrón: agresiones directas, sin aviso, contra funcionarios clave de una administración local bajo sospecha. Jesús Corona Damián, el alcalde actual de Cuautla (emanado de una alianza PAN-PRD-PRI), ha sido señalado en varias ocasiones por presuntos vínculos con el crimen organizado.
En febrero pasado, una videograbación lo mostró en una reunión privada junto con otros alcaldes de la región oriente de Morelos y un hombre identificado como Júpiter Araujo, supuesto cabecilla del Cártel de Sinaloa en esa zona. El material generó una investigación federal que aún está en curso.
El gobierno federal responde: despliegue de 600 elementos
Tras el asesinato de Nava Sánchez, el gobierno federal reaccionó con un nuevo operativo. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó que, desde la noche del mismo miércoles, comenzaron a llegar a Cuautla al menos 600 elementos del Ejército y la Guardia Nacional para reforzar las labores de contención y patrullaje.
El despliegue fue confirmado la mañana del jueves por fuentes castrenses, y forma parte de una estrategia que ya había sido aplicada antes en la región. En mayo de 2024, tras una jornada violenta que incluyó bloqueos, balaceras y homicidios múltiples, se había ordenado el envío de más de 900 efectivos federales. Aquel operativo fue impulsado directamente por la entonces presidenta Claudia Sheinbaum, tras escuchar los reclamos de habitantes durante un acto público. Sin embargo, semanas después, los elementos se retiraron gradualmente, y la violencia volvió.
El secretario de Seguridad Pública estatal, Miguel Ángel Urrutia, reconoció públicamente que el combate frontal contra las agrupaciones delictivas en Cuautla no ha sido suficiente. Mencionó que, a pesar de operativos constantes, el prolongado abandono institucional permitió que los grupos criminales se afianzaran con fuerza en el municipio y en otras localidades del oriente morelense. “Tenemos presencia, pero no control”, fue su frase más contundente.
Cuautla: una región bajo fuego
Cuautla es, junto con Cuernavaca, uno de los municipios con mayores índices de homicidio doloso en Morelos. Las organizaciones delictivas que operan en la zona se dedican principalmente a la extorsión, el narcomenudeo y el cobro de piso. Comerciantes, empresarios y transportistas han denunciado durante años la impunidad de estas estructuras.
A esto se suma la fragilidad institucional. El 24 de julio pasado, la Secretaría de Seguridad del Estado —con apoyo de fuerzas federales— asumió el control del mando policial en Cuautla, ante el repunte de homicidios y los señalamientos contra mandos municipales. Sin embargo, ese mismo control quedó en entredicho tras el asesinato del asesor del alcalde en una zona urbana, sin presencia de patrullas ni reacción inmediata.
Desde el crimen, las autoridades estatales y federales han reiterado su compromiso para “no bajar la guardia”. Pero las acciones concretas siguen siendo parciales. Hasta el momento, no hay detenidos por el homicidio de Christian Nava. Tampoco se ha informado públicamente si el ataque está siendo investigado como ejecución del crimen organizado, crimen político o venganza personal.
El silencio del alcalde
Jesús Corona Damián no ha ofrecido declaraciones públicas desde el asesinato de su asesor. Solo el Ayuntamiento de Cuautla difundió un comunicado en redes sociales, en el que condenó el crimen y afirmó que se mantendrá colaborando con las autoridades para esclarecer los hechos. El mensaje, breve y protocolario, concluye con una frase que contrasta con el escenario de los últimos meses:
“No vamos a permitir que la violencia siga vulnerando a nuestra comunidad. Desde esta administración, no bajaremos la guardia ante quienes intenten alterar el orden y la estabilidad del municipio”.
El silencio del edil ha sido interpretado como evasión. Su administración ha sido objeto de señalamientos desde su primera gestión en 2018, cuando fue vinculado con al menos tres organizaciones delictivas por autoridades federales. Hoy, su nombre vuelve a ocupar titulares, no solo por su presunto nexo con Júpiter Araujo, sino por la creciente vulnerabilidad de los funcionarios bajo su mando.
Un clima de miedo y descomposición
El asesinato de Christian Nava vuelve a confirmar una constante en varias regiones del país: el crimen ya no solo disputa territorios o economías… también ejecuta a representantes del poder político, incluso en restaurantes, en horario familiar, sin ocultar las armas ni los rostros.
En Morelos, donde las instituciones están fragmentadas y el control territorial es compartido entre bandas rivales, la presencia de grupos armados convive con una impunidad estructural. La ejecución del asesor del alcalde, sumada al atentado contra el secretario del ayuntamiento el mes pasado, dibuja una línea directa de descomposición institucional.
Por ahora, los 600 militares desplegados patrullan Cuautla. Pero el miedo permanece. Y el silencio también.
