El periodista Samuel Hernández Reyes, reportero digital en Tuxpan, Veracruz, denunció públicamente que fue retenido durante aproximadamente cuatro horas por elementos de la Policía Estatal, quienes, según su testimonio, lo golpearon e intentaron forzarlo a declarar que formaba parte de un grupo del crimen organizado.
La denuncia fue realizada por el propio comunicador a través de una transmisión en vivo en redes sociales, donde relató que la retención ocurrió sin que existiera una orden formal y que durante ese lapso fue víctima de agresiones físicas y presiones para autoincriminarse. Hernández Reyes afirmó que los agentes buscaban que grabara o firmara una declaración en la que aceptara vínculos con una organización criminal.
De acuerdo con su versión, tras ser liberado decidió hacer pública la situación para evitar que el caso quedara en silencio. En el mismo mensaje responsabilizó directamente al Gobierno del Estado de Veracruz y a la gobernadora Rocío Nahle por cualquier situación que le pueda ocurrir a partir de ahora, al considerar que la agresión provino de elementos oficiales.
El señalamiento no es menor. Veracruz ha sido históricamente una de las entidades con mayores registros de agresiones contra periodistas, y las denuncias de detenciones arbitrarias o intimidaciones por parte de corporaciones de seguridad generan especial preocupación en un contexto donde el ejercicio periodístico enfrenta riesgos estructurales.
Hasta el momento, las autoridades estatales no han informado públicamente sobre una investigación interna ni han detallado la versión oficial de los hechos. El caso coloca nuevamente en el centro del debate la relación entre fuerzas de seguridad y prensa local, particularmente en municipios donde reporteros independientes cubren temas de seguridad pública y crimen organizado.
La denuncia de Hernández Reyes no solo apunta a un hecho individual, sino a una práctica que, de confirmarse, implicaría violaciones graves a derechos humanos: retención arbitraria, agresiones físicas y coacción para autoincriminarse. En un entorno donde el periodismo local suele ser la primera línea de información sobre violencia, la acusación adquiere dimensión pública más allá de Tuxpan.
