Durante la misa del 2 de noviembre, en el templo de Chucándiro, Guanajuato, el sacerdote Alfredo Gallegos Lara —conocido desde hace años como el Padre Pistolas— tomó el micrófono, miró a la gente de frente y habló con enojo. El tema era el acueducto Solís–León, un proyecto hidráulico impulsado por el gobierno estatal. Pero su tono se volvió agrio. En un fragmento grabado en video y difundido en redes sociales, se le escucha gritar:
“Con la presa de Solís se riega el estado de Guanajuato, les damos de tragar a todo pinche México, y si nos quitan la presa se van a morir de hambre cabrones. Esa pinche gobernadora quiere matarnos de hambre, ya dije, si insisten nos levantamos. Yo le voy a partir su madre a ella, porque es la culpable de que nos vaya a matar de hambre a todos.”
Las palabras resonaron entre los fieles y llegaron, pocas horas después, a los medios nacionales. El sacerdote, que durante años ha ganado notoriedad por su estilo polémico, volvió a colocarse en el centro de la conversación pública.
La respuesta de la gobernadora
La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, condenó el discurso y lo calificó de inaceptable. Dijo que ninguna mujer debe ser objeto de amenazas, insultos o agresiones verbales, mucho menos desde un púlpito. Sin embargo, aclaró que no presentará denuncia penal: “La violencia contra las mujeres, contra cualquiera de nosotras, es condenable. Yo no tengo pensado presentar ninguna denuncia. Es lamentable, pero no voy a perder mi tiempo en ello; voy a seguir trabajando.”
El mensaje lo dio en entrevista, al salir de un evento público en León. Su postura fue institucional, aunque la frase “no voy a perder mi tiempo” dejó claro el hartazgo por un tema que escaló en menos de veinticuatro horas.
Pronunciamiento de la Iglesia
La Conferencia del Episcopado Mexicano fijó postura dos días después. El obispo Ramón Castro Castro, presidente de la CEM, publicó un comunicado en el que expresó que “no existe justificación alguna para el uso de expresiones violentas, despectivas o discriminatorias”. Agregó que los sacerdotes están llamados a reflejar el rostro compasivo de Cristo, “que siempre dignifica y nunca humilla”. El mensaje fue leído en varias parroquias del estado como una forma de deslinde institucional ante la polémica.
El Episcopado recordó que la Iglesia debe ser un espacio de diálogo y reconciliación, y que los ministros de culto tienen la responsabilidad de usar la palabra con prudencia, sin incitar al odio ni al enfrentamiento. Aunque el documento no mencionó sanciones, se sabe que el caso quedó bajo revisión interna de la diócesis correspondiente.
Reacción política
El caso cruzó de inmediato al terreno político. La Secretaría de las Mujeres, encabezada por Citlalli Hernández, emitió un comunicado donde subrayó que “ninguna mujer debe ser amenazada, ni física ni verbalmente” y que la sociedad debe condenar todo tipo de violencia. “Si queremos provocar un verdadero cambio cultural —escribió la funcionaria en su cuenta de X— la conversación debe darse sin machismo, sin racismo y sin clasismo.”
La bancada del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados se pronunció la noche del mismo día. “México necesita diálogo, no amenazas; respeto, no cobardía”, señaló el comunicado. Los legisladores calificaron las palabras del sacerdote como una forma de violencia política y reafirmaron su respaldo a la gobernadora. El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, también intervino: “La violencia verbal y el desprecio hacia las mujeres no pueden tolerarse en una sociedad que aspira a la igualdad y al respeto.”
Un conflicto antiguo
El trasfondo del estallido tiene más de una década. El proyecto Acueducto Solís–León busca llevar agua desde la presa de Solís a la capital del estado y a municipios del corredor industrial. Pero los agricultores de la zona de Chucándiro y Puruándiro temen que el sistema reduzca el caudal disponible para el riego. El Padre Pistolas ha sido una de las voces más visibles en defensa del campo y contra lo que considera un despojo. Su estilo, marcado por insultos y discursos políticos, le ha generado advertencias dentro de la Iglesia y múltiples llamados a la moderación.
En 2021 fue sancionado temporalmente por declaraciones similares contra autoridades federales, y aunque prometió cambiar su tono, su figura se mantuvo en la frontera entre el púlpito y la tribuna. Esta vez, sin embargo, la agresión verbal tuvo destinatario directo: la gobernadora del estado.
Lo que sigue
Hasta ahora no hay denuncias ni investigaciones abiertas contra el sacerdote. La Fiscalía del Estado confirmó que hasta el momento no existe denuncia formal en contra del sacerdote. Solo se mantiene un intercambio discreto entre la Secretaría de Gobierno y la diócesis local para dar seguimiento al caso. Nada más. Ningún procedimiento abierto. Ninguna orden.
Por ahora, el episodio vive en el terreno mediático… en los noticieros, en los teléfonos, en los templos donde la conversación se repite con la misma mezcla de asombro y molestia. La gobernadora retomó su agenda sin volver a mencionarlo. Visitó obras, encabezó actos oficiales y evitó alimentar la confrontación. Mientras tanto, la vigilancia se reforzó en la zona de la presa de Solís: patrullas, ingenieros, trabajadores con casco blanco revisando el perímetro donde continúa el proyecto hidráulico bajo resguardo militar y ambiental.
La discusión, sin embargo, ya cruzó el ámbito local y el país volvió a dividirse entre la fe y la política. Y no porque sea un fenómeno nuevo —México siempre ha vivido entre esos dos mundos— sino porque ahora el conflicto llegó al púlpito, convertido en trinchera.
