En medio de una creciente polémica, Martín Borrego Llorente, excoordinador de Contacto con la Ciudadanía de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), presentó su renuncia el pasado 10 de diciembre tras revelarse que utilizó el Museo Nacional de Arte (MUNAL) para celebrar su boda. El evento, celebrado el 4 de octubre, se realizó bajo la fachada de un supuesto acto diplomático para conmemorar los 89 años de relaciones entre México y Rumanía, lo que desató críticas y cuestionamientos sobre el uso de recursos e instalaciones públicas.
El caso ganó atención nacional cuando el periodista Claudio Ochoa Huerta publicó una investigación en el diario "El Universal", revelando que Borrego había solicitado el Salón de Recepciones del MUNAL mediante un correo institucional durante su periodo como jefe de la oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Aunque Borrego defendió que el evento fue costeado con recursos propios y se ajustó al protocolo del museo, admitió que su actuar fue inapropiado para un funcionario público.
El escándalo comenzó cuando se difundieron fotografías y detalles de la ceremonia, que contó con la asistencia de diplomáticos, incluidos su pareja, Ionut Vâlcu, integrante de la embajada de Rumanía, y Alicia Bárcena, titular de la SEMARNAT. La invitación distribuida a los asistentes indicaba que el evento estaba ligado a la celebración diplomática, pero también incluía detalles como una mesa de regalos en una tienda departamental y una cuenta en euros para obsequios monetarios.
Según la investigación periodística, la solicitud para el uso del MUNAL fue enviada el 11 de septiembre al director del museo, Héctor Palhares. Aunque el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) defendió la decisión de alquilar el espacio al tratarse de un “evento de corte diplomático”, las fotografías y registros apuntan a que el objetivo principal fue la celebración de las nupcias de Borrego y Vâlcu.
Ante la ola de críticas, Martín Borrego presentó su renuncia a través de una carta dirigida a Alicia Bárcena. En el documento, expresó:
“Reconozco que fue impropio haber solicitado el espacio a través de un correo institucional cuando me desempeñaba como jefe de Oficina de la SRE, con el agravante de haberlo hecho sin su conocimiento. Este actuar no fue correcto para un funcionario público ni digno de la confianza que depositaron en mí.”
El exfuncionario también lamentó que su acción haya afectado la confianza de sus superiores y subrayó que el evento no implicó un quebranto al erario, ya que fue costeado con recursos personales. Sin embargo, el uso de un correo oficial para gestionar el espacio y la participación de figuras diplomáticas en un acto privado generaron dudas sobre la ética de su actuación.
La presidenta Claudia Sheinbaum también se pronunció al respecto durante una conferencia de prensa, enfatizando que debe investigarse el caso a fondo para garantizar que los espacios públicos no sean utilizados con fines personales. “Todos los servidores públicos deben comportarse adecuadamente. Este gobierno se ha caracterizado por promover la honestidad y la austeridad, y este tipo de casos deben ser aclarados”, declaró.
Por su parte, el Órgano Interno de Control de la SRE mantiene abierta una investigación para determinar si otros funcionarios estuvieron involucrados en el caso o si hubo un uso indebido de recursos.
El caso de Martín Borrego pone en el centro del debate la responsabilidad ética de los servidores públicos y el manejo adecuado de recursos e instalaciones gubernamentales. Aunque Borrego ha insistido en que el evento fue costeado de manera privada, el uso de un correo institucional y la vinculación del evento con un supuesto acto diplomático cuestionan los límites entre lo público y lo privado.
La renuncia de Borrego también subraya la importancia de mantener altos estándares de conducta en el servicio público, especialmente en un contexto donde la percepción de corrupción puede dañar la confianza ciudadana en las instituciones.
A pesar de las críticas, algunos analistas consideran que la renuncia de Borrego podría ser una oportunidad para reflexionar sobre las prácticas éticas dentro del gobierno y establecer precedentes que eviten situaciones similares en el futuro. Por ahora, el exfuncionario se enfrenta no solo al escrutinio público, sino también a posibles sanciones derivadas de las investigaciones en curso.
El escándalo de la boda en el MUNAL es un recordatorio de que los servidores públicos tienen la responsabilidad de actuar con transparencia y rectitud, garantizando que su conducta sea acorde con los valores de un gobierno honesto y al servicio de la ciudadanía.
