La tarde del 22 de septiembre, la rutina en el Hospital General de Mexicali se vio interrumpida por una enorme manta blanca con letras rojas. En ella aparecía un mensaje dirigido a Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, presunto líder de una facción leal a “Los Mayos”, del Cártel de Sinaloa:
“Señor Ruso, dejando en claro quién tiene el poder en Mexicali, queremos pedirle su apoyo para surtir el hospital de insumos y medicamentos, y así dejaré en claro que usted no tiene nada que ver con el desvío de recursos y mal uso del horario público”.
El mensaje fue colocado por personas hasta ahora desconocidas sobre el cerco que rodea el área de urgencias, en plena zona del Centro Cívico. Eran cerca de las 5:30 de la tarde cuando policías locales atendieron el reporte, se trasladaron a la clínica y corroboraron la manta pendiendo del enrejado.
En este mismo hospital, que opera bajo el esquema del IMSS-Bienestar, desde hace varias semanas familias de pacientes se han concentrado para reclamar la falta de medicamentos y han realizado múltiples protestas por la carencia de insumos. Sin embargo, en esta ocasión, las exigencias fueron llevadas a otro nivel: en lugar de señalar únicamente a la federación o al gobierno estatal por la desatención que sufren los derechohabientes, el mensaje apeló de forma directa a un líder criminal vinculado con Ismael “El Mayo” Zambada y cuya presencia en la región ha sido reconocida por agencias de seguridad nacionales e internacionales.
Las denuncias no solo se han limitado a los usuarios; médicos y enfermeras también han intentado alzar la voz por la escasez de insumos básicos, materiales de curación e incluso equipo para quirófanos. En este contexto, la manta exhibe dos realidades: la precariedad del sector salud en Baja California y la presencia visible de grupos del crimen organizado que, a través de mensajes como este, buscan proyectar poder y legitimidad frente a la población.
Juan José Ponce Félix es considerado uno de los hombres más influyentes en la región de Mexicali y San Luis Río Colorado. El gobierno de Estados Unidos mantiene vigente una recompensa de 5 millones de dólares por información que lleve a su captura, mientras que, en Baja California, la fiscalía estatal ha señalado que, a la fecha, no cuenta con alguna orden de aprehensión en su contra.
Hasta el momento, ni el gobierno estatal ni la Secretaría de Salud federal han emitido un pronunciamiento al respecto.
