Desde las primeras luces del lunes 10 de noviembre quedó claro que el plan anunciado en Palacio Nacional no era sólo promesa. En los municipios de Buenavista, Cotija y Huetamo, en Michoacán, fuerzas del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la fuerza aérea llevaron a cabo operativos coordinados entre el 6 y el 9 de noviembre, con la detención de cinco personas —dos de ellas menores de edad— y el aseguramiento de droga, armas y explosivos, como parte de las primeras acciones concretas del plan federal.
En Buenavista fueron detenidos tres adultos identificados por sus alias —Juan “El Vaquero”, Manuel “Bamban”, Guillermo “El Memo”— y dos menores, Eduardo y Cristian. Las autoridades los vinculan con el cobro de cuotas y extorsión a productores de limón en Tierra Caliente, además de homicidios y distribución de drogas. En el mismo operativo se lograron recuperaciones que incluyen más de 20 armas largas, tres granadas, un lanzagranadas, 129 cargadores, aproximadamente 5 918 cartuchos, 330 kg de droga sintética, 52 kg de explosivos, siete vehículos y tres motocicletas.
A la par, en el marco del plan federal y según la Secretaría de la Defensa Nacional, se movilizaron 1 980 elementos adicionales del Ejército y la Guardia Nacional hacia la 21ª Zona Militar en Morelia, para su despliegue en Uruapan, Zamora, Apatzingán y la capital michoacana. Estos refuerzos se suman a los más de 10 506 efectivos ya asignados a la llamada “Operación Paricutín”, cuyo objetivo central es combatir la extorsión, el cobro de piso y la violencia contra productores de aguacate y limón en la región.
El plan fue anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum el domingo anterior; contempla 12 ejes estratégicos, más de 100 acciones y una inversión superior a 57 000 millones de pesos, así como 37 450 millones de pesos destinados a programas sociales para 2026. De acuerdo con el gabinete de seguridad, las detenciones de los primeros días son “resultado inmediato” del arranque de esta estrategia.
Sin embargo, el inicio de la ofensiva también pone sobre la mesa varios interrogantes: ¿qué nivel de judicialización tendrán los casos? ¿Cómo se procesarán los detenidos para que las acciones no queden sólo en aseguramientos? ¿Cuál será la coordinación exacta entre fuerzas federales, estatales y municipales en el seguimiento de las víctimas (productores de limón/aguacate) y en la supervisión del desmantelamiento de las redes de extorsión?
Por lo pronto, el Plan Michoacán ya imprimió su huella: cinco detenidos vinculados al crimen organizado, cientos de kilos de droga fuera de circulación, arsenales asegurados y movilización federal inédita. La prueba de fuego estará en las semanas próximas, cuando se dé cuenta de los resultados y de la permanencia del despliegue.
