El gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, en Michoacán, dejó sin ejecutar una fianza prevista para sancionar el incumplimiento en la construcción del Hospital Integral Comunitario de Arantepacua, una comunidad indígena con altos índices de marginación. La falta de esta acción, reportada por el medio EMEEQUIS, derivó en la vulneración del derecho a la salud de habitantes que enfrentan condiciones de pobreza y rezago, pues el hospital debió concluirse y operar completamente desde febrero de este año.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF), al revisar los recursos federales destinados al sector salud, detectó que la obra no corresponde a lo establecido en el contrato SSM/OP/AD-001/2024. Señaló que conceptos pagados con recursos públicos no existen en el inmueble y que el anticipo otorgado —proveniente del Programa de Atención a la Salud de Personas sin Seguridad Social— no fue debidamente amortizado.
Debido a estas irregularidades, la administración estatal deberá explicar el destino de 119 millones 964 mil 983.33 pesos. Además, la auditoría 1241, incluida en la segunda entrega de informes de fiscalización de la Cuenta Pública 2024, identificó “sobrecostos derivados de obra no ejecutada” por 23 millones 842 mil 422.28 pesos, e instruyó al gobierno michoacano a presentar documentación comprobatoria o devolver los recursos a la Hacienda federal.
Hasta el momento, no se ha informado si el gobierno estatal aplicará sanciones o establecerá un nuevo calendario para concluir el hospital, considerado fundamental para la atención sanitaria de la región.
