Una célula delictiva dedicada a la extorsión, operando desde el interior del penal de Reynosa, en Tamaulipas, fue desarticulada por autoridades federales y estatales tras un operativo conjunto realizado este primero de diciembre. Doce personas recluidas fueron detenidas y vinculadas a proceso, gracias a una investigación que reveló su red de llamadas telefónicas y cuentas bancarias usadas para extorsionar.

Según la información oficial, los internos utilizaban alrededor de 80 números telefónicos de distintas compañías para contactar a sus víctimas, así como más de 70 cuentas bancarias en las que recibían los depósitos exigidos. Las amenazas se dirigían principalmente contra adolescentes y personas adultas mayores del municipio de Matamoros.

Las detenciones se llevaron a cabo mediante órdenes de aprehensión por reclusión, y los implicados fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente. Entre los detenidos aparecen identificados como César Enrique “Z”, Edgar “C”, Enrique “A”, Jesús “C”, Juan Diego “G”, Talos Luciano “T”, Felipe de Jesús “V”, Martín “M”, Medardo Ernesto “M”, Vicente “M” y Juan Francisco “R”. Al doceavo implicado, identificado como Eduardo “G”, se le ejecutó otra orden adicional por extorsión.

De acuerdo con las investigaciones, estos reos realizaban las extorsiones desde el centro penitenciario, lo que evidencia que la infraestructura del penal y los mecanismos de supervisión no bastaban para impedir comunicaciones no autorizadas. Las víctimas denunciaron llamadas donde se les exigían sumas de dinero bajo amenazas, y los fondos debían ser transferidos a las cuentas bancarias controladas por la célula.

El desmantelamiento de esta red es parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, y las autoridades destacaron que la acción busca frenar la operación de bandas que utilizan prisiones como centros de comando. Con las detenciones y aseguramientos de teléfonos y cuentas, se espera que se obtenga más información que permita desarticular otras estructuras similares.

Por ahora, los 12 presuntos responsables enfrentan cargos por extorsión y su proceso judicial ha comenzado. La Fiscalía General de la República ya inició la instrucción formal del caso, mientras víctimas y familiares esperan que se haga justicia y se recuperen los montos pagados bajo coerción. Sin embargo, el caso vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad de algunos penales ante la comisión de delitos desde su interior y subraya la urgencia de reforzar controles, supervisión y mecanismos de comunicación segura en los centros de reclusión.