Mil pesos valió la vida de Fernando… Un niño de apenas cinco años fue asesinado brutalmente en el municipio de La Paz, Estado de México, como represalia por una deuda que su madre no pudo pagar. La cifra: mil pesos. No era una deuda relacionada con algún vicio ni con lujos innecesarios. Era dinero que Noemí, una mujer con discapacidad del habla, pidió para poder mudarse y no quedarse sin un techo donde vivir con su hijo.
El cuerpo de Fernando —quien durante días fue llamado “Fernandito” por vecinos que colgaron veladoras e imágenes en su memoria— fue hallado en estado de descomposición dentro de bolsas negras, el 4 de agosto de 2025, en una vecindad de la colonia Ejidal El Pino. Lo habían secuestrado el 28 de julio. Murió, según el peritaje forense, por traumatismo craneoencefálico. Lo golpearon con un objeto contundente, presuntamente un martillo, luego de días de maltrato, desnutrición y tortura. No recibió comida. No recibió agua. Nadie lo rescató.
Este viernes 8 de agosto se celebró la audiencia inicial contra los tres presuntos responsables: Ana Lilia “N”, Carlos “N” y Lilia “N”, una familia que vivía en la misma colonia. Ya están presos en el penal de Nezahualcóyotl.
El inicio del horror
Todo comenzó con un préstamo. Noemí y su pareja —el padrastro de Fernando— pidieron mil pesos a conocidos del barrio. Semanas después, cuando el plazo venció, dos mujeres llegaron al domicilio de Noemí, en la colonia Ejidal El Pino, para cobrar la deuda. Era el 28 de julio.
Al no recibir el dinero, le dijeron que se llevarían al niño y que no se lo devolverían hasta que pagara.
Fernando presenció la discusión. Era un niño inquieto, sociable, querido por sus vecinos. Salió de la casa con curiosidad infantil. Las mujeres lo tomaron por la fuerza. Se lo llevaron.
En los días siguientes, la madre intentó recuperarlo. Acudió a la vecindad donde lo tenían. Rogó. Lloró. La amenazaron. Noemí no hablaba con fluidez. Según su asesora legal, Fabiola Villa, su discapacidad fue aprovechada por los agresores para intimidarla y hacerla retroceder.
Negligencia institucional
El secuestro no fue un hecho invisible. Noemí buscó ayuda. Tocó puertas. Acudió primero al Ministerio Público de Los Reyes La Paz. Luego a la agencia del MP en Nezahualcóyotl. Después al DIF. En todos esos lugares la rechazaron o la canalizaron sin abrir una carpeta de investigación inmediata.
Fue hasta que llegó a la Secretaría de las Mujeres que finalmente le permitieron formalizar la denuncia, seis días después de la desaparición. Para entonces, Fernando ya estaba muerto.
Vecinos aseguran que desde el 28 de julio alertaron al DIF de que un niño estaba retenido por personas sin parentesco. La respuesta fue burocrática: que debían acudir a la Fiscalía.
Esa cadena de omisiones costó la vida del menor.
El hallazgo
El 4 de agosto, policías de investigación y agentes municipales acompañaron finalmente a Noemí a la vecindad donde vivían los presuntos responsables. Al ingresar, el olor a muerte era inconfundible. En el interior de bolsas negras encontraron el cuerpo sin vida de Fernando, en avanzado estado de descomposición. Había estado allí varios días.
Los vecinos dijeron que sabían que algo pasaba. Que lo escuchaban llorar. Que lo alimentaban en el piso. Que lo bañaban en un lavadero con agua helada. Algunos confesaron que tenían miedo. No se atrevieron a intervenir.
El dictamen forense
La necropsia confirmó lo que el olor anunciaba: Fernando había muerto varios días antes. Su cuerpo presentaba golpes en la espalda, el tórax, las piernas. No recibió alimento. No recibió líquidos. Su cráneo había sido fracturado.
La asesora legal declaró que el cuerpo estaba tan deteriorado que fue imposible reconocerlo visualmente. La identidad fue confirmada por pruebas genéticas.
El crimen fue clasificado como desaparición forzada con resultado de muerte. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició la carpeta de investigación y detuvo ese mismo día a los tres implicados.
Los detenidos
Los detenidos son Ana Lilia “N”, su hija Lilia “N” y su esposo Carlos “N”. Vivían en la misma colonia. Conocían a Noemí desde tiempo atrás. No eran prestamistas formales, sino vecinos que ofrecieron el dinero en condiciones informales. No firmaron contrato. No hubo aval. Solo amenazas.
Tras su detención fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl. Este viernes 8 de agosto, alrededor de las 10:40 horas, fueron presentados ante un juez de control. La audiencia se realiza en los juzgados de juicio oral de ese mismo municipio. Se prevé que este día se defina su situación jurídica y la posible vinculación a proceso por privación ilegal de la libertad y homicidio.
La madre: Noemí
Noemí, madre de Fernando, enfrenta una discapacidad del habla. Su condición ha sido clave en este caso: no solo por la forma en que fue aprovechada por los agresores, sino porque también evidenció cómo las instituciones no cuentan con protocolos eficaces para atender a víctimas con alguna discapacidad.
“Ella no sabe defenderse. Fue a pedir a su niño y la quisieron golpear”, declaró María Luisa Pascual, vecina de la familia. “Fue a los ministerios públicos y nadie la ayudó”. La abogada Fabiola Villa fue más directa: “Estos asesinos abusaron de su vulnerabilidad. El Estado los dejó hacer”.
En tanto, los habitantes de Los Reyes La Paz están de luto.
En el parque cercano a la casa donde ocurrió el crimen, vecinos colocaron un altar en memoria de “Fernandito”. Veladoras, flores y dibujos hechos por el propio menor, son los gritos desesperados de justicia por Fernando y todos aquellos niños que han sido víctimas de crímenes similares; y es que, según cifras oficiales, entre enero y marzo de este año, al menos 570 menores han sido asesinados a nivel nacional.
Además de que de mayo 2024 a mayo 2025, se tiene registro de 6 mil 993 menores desaparecidos en todo el país, siendo el Estado de México, la entidad que concentra más de 1,100 casos activos.
