La noche del 15 de octubre, el cielo de Playas de Tijuana comenzó a vibrar con un zumbido extraño, al tiempo que personal de la Fiscalía de Combate al Secuestro de Baja California aún rondaba los pasillos del inmueble, terminando trámites o revisando expedientes. Nadie imaginaba que en cuestión de segundos, el aire se convertiría en un arma.
Desde la oscuridad, un dron se aproximó al edificio ministerial. Transportaba botellas plásticas llenas de pólvora, clavos y fragmentos de metal. Descendió con precisión sobre el patio interno y dejó caer su carga provocando tres explosiones que terminaron por sacudir el inmueble.
Las ondas expansivas quebraron cristales, abollaron carrocerías, encendieron alarmas sin ningún fuego visible y aunque no hubo personas heridas, el golpe fue directo: una agresión a la institución encargada de perseguir a quienes privan de la libertad a otros.
Quienes escucharon los primeros estallidos corrieron hacia el interior mientras otros más se refugiaron tras los muros. Las cámaras de vigilancia del complejo registraron el momento exacto en que los drones soltaron los artefactos improvisados sobre el estacionamiento, levantando polvo y provocando chispazos.
“Son hechizos”, explicaría después la fiscal María Elena Andrade Ramírez, en una conferencia convocada a medianoche.
Los daños principales se concentraron en la carrocería y cristales de cuatro vehículos: tres pertenecientes a trabajadores y uno oficial y aunque no fueron daños totales, sí de consideración.
Cuando las explosiones cesaron, los agentes de guardia solicitaron apoyo. Patrullas municipales y estatales llegaron en minutos. Se cerraron las calles cercanas, desalojaron parcialmente al personal, y peritos en explosivos comenzaron a trabajar entre vidrios rotos y fragmentos de plástico.
El C5 estatal activó el monitoreo de vuelo en tiempo real para ubicar los drones mientras en las pantallas del centro de control se detectaron trayectorias breves y descendentes. En total, el ataque duró menos de tres minutos.
En tanto, la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación y la Secretaría de Seguridad Ciudadana reforzaron patrullajes en otras instalaciones de la Fiscalía, temiendo un ataque simultáneo, pero por suerte no hubo réplicas.
Poco antes de que la fiscal hablara ante medios, el Consulado de Estados Unidos en Tijuana difundió una alerta de seguridad dirigida a su comunidad.
El mensaje advertía: “Los informes iniciales indican que el ataque incluía explosivos, con múltiples detonaciones reportadas”.
Asimismo, el documento pedía a los ciudadanos estadounidenses evitar el área de Playas de Tijuana, mantenerse atentos a los comunicados locales y notificar a sus familiares su estado. Además, mencionaba la “presencia policial continua” como motivo de precaución.
La alerta se extendió durante toda la noche y fue replicada por medios internacionales y es que no era la primera vez que el consulado activaba este tipo de advertencias, pero sí la primera vez que lo hacía a raíz de un ataque aéreo con drones dentro de territorio urbano.
El ataque del 15 de octubre fue el tercero contra instalaciones de la Fiscalía en menos de un mes.
Entre el 20 y 21 de septiembre, el Ministerio Público sufrió agresiones en Ensenada y Tijuana, cuando hombres armados incendiaron vehículos oficiales frente a los edificios ministeriales. No se informó el número exacto de unidades dañadas.
En esa ocasión, Andrade calificó la embestida como “un ataque cobarde” y confirmó la detención de tres personas. Semanas después, el ataque aéreo elevó el tono del desafío.
La Fiscalía General del Estado confirmó la apertura de una carpeta de investigación por terrorismo debido a que las detonaciones, el blanco institucional y la modalidad tecnológica, encajan con ese tipo penal.
En el colmo, el ataque del 15 de octubre fue el tercero contra instalaciones de la Fiscalía en menos de un mes. Entre el 20 y 21 de septiembre, el Ministerio Público sufrió agresiones en Ensenada y Tijuana, cuando hombres armados incendiaron vehículos oficiales frente a los edificios ministeriales.
En esa ocasión, Andrade calificó la embestida como “un ataque cobarde” y confirmó la detención de tres personas. Hoy, semanas después, el ataque aéreo elevó el tono del desafío, pues Tijuana no es cualquier territorio. Es una de las rutas fronterizas más vigiladas y disputadas del país por los grupos criminales.
Así, su ubicación convierte cada kilómetro en una ventaja estratégica para el contrabando, el tráfico de drogas, de armas y de personas.
A esto se suma que desde hace meses, los servicios de inteligencia de Baja California han registrado movimientos inusuales de grupos criminales que buscan recuperar control sobre zonas portuarias y corredores específicamente hacia San Diego. Para los expertos, este ataque con drones no fue solo una demostración de fuerza, sino una respuesta a las detenciones recientes que han desarticulado células de secuestro y extorsión.
Con el amanecer del jueves, peritos continuaron trabajando entre restos metálicos y vidrios quebrados, además retiraron los vehículos dañados para realizarles un análisis balístico. Mientras, dentro del edificio, el personal regresó lentamente a sus labores, aun cuando una cinta amarilla seguía colgando de los muros, recordando que el cielo, esa noche, fue hostil y que tres explosiones bastan para exponer las vulnerabilidades tanto de ciudadanos, como de dependencias del gobierno.
Y mientras avanza la investigación, en la memoria de Tijuana quedó grabada una escena: el momento en que el cielo, por unos segundos, se volvió su peor enemigo.
