Camargo, Chihuahua. La tensión entre productores agrícolas transportistas y autoridades federales se intensificó este martes cuando una funcionaría de la SADER Cecilia Salas Chávez advirtió que ya existen carpetas de investigación contras quienes mantienen bloqueos en carreteras del estado. La movilización forma parte de una protesta más amplia contra la reforma a la Ley de Aguas Nacionales,así como por la creciente inseguridad en las vías de comunicación.
Durante un diálogo tenso con manifestantes en la caseta fitosanitaria de Camargo, la titular del Centro de Apoyo al Desarrollo Rural (Cader) local declaró que recibió instrucciones “desde México” de interrogar a los inconformes: “pregúntales qué necesitan, cuándo se van a quitar”. Cuando los productores se negaron a permitir la documentación fotográfica de su protesta aduciendo que eso derivaría en sanciones, la funcionaria respondió con una advertencia directa: “ya se las tienen señor, por favor. Ya se las tienen. En todo México ya se las tienen”
La redacción provocó el rechazo inmediato de los agricultores y transportistas, quienes exigieron que la funcionaria abandonara el lugar. al ser cuestionada por periodistas sobre los detalles de las carpetas de investigación, respondió dubitativa “ojala que no”
Las advertencias no son gratuitas. Según la Ley de Vías Generales de Comunicación, reformada en 2021, el bloqueo de una carretera puede conllevar de tres meses a siete años de prisión además de multas equivalentes a entre 100 y 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).En 2025, eso significa sanciones entre 11 mil 300 a 56 mil pesos.
El conflicto se enmarca en una ola de protestas de productores agrícolas y transportes en varios estados del país, quienes denuncian que la reforma a la Ley de Aguas Nacionales judicializa el acceso al agua y deja en la indefensión a comunidades rurales. En Chihuahua, las propuestas han incluido bloqueos en tramos como Delicias- Camargo, casetas fitosanitarias, puentes y carreteras estratégicas provocando cierres totales o parciales y complicaciones en el tránsito de carga.
Fuentes locales indican que los manifestantes planean mantener los bloqueos hasta que el gobierno federal escuche sus demandas: la cancelación de la reforma al agua, mejor seguridad en carreteras y garantías para el desarrollo del campo.
Por su parte, autoridades federales advierten que la protesta, aunque legítima, pone en riesgo la libre circulación y por ende la seguridad jurídica de las vías generales de comunicación. Con las carpetas de investigación ya iniciadas, el conflicto podría escalar hacia procesos judiciales. Mientras, los productores insisten en que su lucha no solo es por ellos: aseguran representar “al campo mexicano y su derecho al agua”.
