La tarde del martes 23 de septiembre de 2025, las ráfagas partieron el tráfico sobre el bulevar Jesús Kumate, a la altura del canal El 7, en el sur de Culiacán. El blanco fue una camioneta oficial adscrita al DIF Sinaloa. Adentro iban tres personas: la nieta del gobernador Rubén Rocha Moya —ilesa—, un escolta al volante y otra integrante del equipo de protección. En segundos, la escena quedó sembrada de decenas de casquillos; un autobús que pasaba recibió impactos en el parabrisas, sin pasajeros heridos. Dos agentes terminaron lesionados: uno, José “N”, reportado grave; su compañera, con heridas leves, tomó el volante para evacuar al compañero mientras llegaban refuerzos.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Sinaloa confirmó que los policías heridos pertenecen a la Dirección de Servicios de Protección. El Grupo Interinstitucional —Ejército, Guardia Nacional, Marina, FGR y Policía Estatal Preventiva— aseguró el perímetro, levantó indicios y montó operativos en las rutas de salida. El gobernador Rocha informó que su nieta salió fuera de peligro y que los agentes recibían atención médica.
Un día después, miércoles 24, desde Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum lamentó el ataque y fijó la línea preliminar: con la información disponible, la hipótesis prioritaria es el robo del vehículo. No se descarta ninguna otra línea, subrayó, y el Gabinete de Seguridad acompaña a la Fiscalía General del Estado en la investigación. La mandataria añadió que el Gabinete sesiona cada 15 días en la entidad y mantendrá su despliegue.
La agresión ocurrió mientras la camioneta trasladaba a la menor hacia su domicilio en el fraccionamiento La Primavera. La maniobra de los escoltas evitó un saldo mayor: bajo fuego, la agente a bordo condujo la unidad para sacar al lesionado más grave de la zona caliente; minutos después, ambulancias y patrullas saturaron el tramo de Kumate y el tráfico quedó detenido por horas. No hubo detenidos en el sitio.
En redes y espacios de opinión apareció el trascendido de un intento de secuestro disfrazado de robo. Ninguna autoridad lo ha respaldado hasta ahora. La carpeta sigue abierta: criminalística de campo, recolección de videos públicos y privados, entrevistas a escoltas y testigos, y cotejos balísticos deberán decir si hubo una motivación distinta al despojo violento. Si los indicios lo sostienen, vendrán cateos y órdenes de aprehensión.
El episodio estalló el mismo día de la visita del titular de la SSPC, Omar García Harfuch, quien presidió en Culiacán una sesión del Gabinete de Seguridad en la Base Aérea Militar No. 10 y se reunió con empresarios y autoridades estatales. Harfuch presumió una baja en el promedio diario de homicidios dolosos —de 5.9 en octubre de 2024 a 3.5 en septiembre de 2025— y anunció informes semanales sobre resultados. Los acumulados, sin embargo, aprietan el balance: entre enero y agosto de 2025 se registran 1,172 homicidios frente a 993 en todo 2024; el robo de vehículos repuntó con 4,648 casos en los primeros ocho meses del año, por encima de todo el año previo; y los feminicidios pasaron de 14 a 24 en periodos comparables. Al telón de fondo asoma la disputa interna del Cártel de Sinaloa —facciones de “Los Chapitos” y “Los Mayos”— que desde septiembre de 2024 ha dejado miles de víctimas y mantiene a la capital sinaloense en tensión.
Con el foco sobre una familia en el poder, la pregunta pública se adelanta a la investigación. ¿Fue un despojo con violencia que topó con escoltas entrenados o un ataque dirigido cuyo objetivo no se concretó? La respuesta no saldrá de rumores, sino de peritajes, cámaras, trayectorias y testimonios bajo juramento. Hoy la línea prioritaria es robo del vehículo. Mañana, si la evidencia empuja otra conclusión, la carpeta deberá recalificarse y sostenerse en tribunales.
Quedan dos certezas inmediatas: la nieta del gobernador está ilesa y dos policías se recuperan tras haber sostenido el fire-test de una ciudad donde la seguridad se mide, cada día, entre cifras oficiales y el sonido seco de los casquillos sobre el asfalto.
