Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, sorprendió al admitir públicamente que han ocurrido “encuentros” entre autoridades estatales y grupos criminales. La declaración generó un intenso debate en el ámbito político y social, dada la compleja relación entre el gobierno y el crimen organizado en México.
Durante una conferencia de prensa, Rocha Moya explicó que dichos encuentros no representan acuerdos ni pactos, sino que son producto de las circunstancias al enfrentar situaciones relacionadas con la seguridad pública. Según el gobernador, estos contactos buscan evitar enfrentamientos violentos y salvaguardar a la población. Sin embargo, la falta de claridad en su explicación dejó interrogantes sobre la naturaleza y los alcances de estas interacciones.
Sinaloa, conocido por ser la cuna de algunos de los cárteles más notorios del país, enfrenta retos significativos en materia de seguridad. Los grupos criminales operan con una fuerte presencia en la región, lo que ha derivado en enfrentamientos, extorsiones y control de diversas actividades económicas.
Aunque el gobierno estatal ha insistido en su compromiso con el combate al crimen organizado, la admisión de Rocha Moya ha suscitado críticas de diversos sectores. Organizaciones civiles y expertos en seguridad advierten que este tipo de encuentros, aunque puedan justificarse como medidas preventivas, pueden interpretarse como señales de tolerancia o permisividad hacia los grupos delictivos.
La declaración del gobernador provocó reacciones inmediatas en el ámbito político. Algunos opositores señalaron que este reconocimiento debilita la confianza en las instituciones de seguridad pública y refuerza la percepción de complicidad entre las autoridades y el crimen organizado.
Por otro lado, sectores afines al gobierno estatal argumentaron que el diálogo puede ser un recurso para evitar escaladas de violencia en comunidades vulnerables. Sin embargo, subrayaron la importancia de garantizar la transparencia y de distinguir claramente entre estrategias de pacificación y posibles concesiones a los delincuentes.
La polémica en torno a los comentarios de Rocha Moya resalta la complejidad de combatir el crimen organizado en México. Aunque las autoridades enfrentan una presión constante para garantizar la seguridad, cualquier señal de ambigüedad en su postura puede tener repercusiones graves para la percepción pública y la legitimidad de las instituciones.
En este contexto, el gobernador enfrenta el desafío de explicar con mayor detalle las circunstancias y los objetivos detrás de estos encuentros, asegurando que el gobierno estatal actúa siempre bajo el marco de la ley y en beneficio de la ciudadanía.
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— El Universal (@El_Universal_Mx) November 25, 2024
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